• En la reunión de la Plataforma de Rendición de Cuentas se presentaron diversas propuestas para fortalecer la operativa de esta herramienta y sus utilidades.

Ayer se celebró en la sede del Tribunal de Cuentas, en Madrid, la segunda reunión semestral de la Comisión de Coordinación de Entidades Locales, así como de la Comisión de la Plataforma de Rendición de Cuentas, presididas ambas por la Consejera del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente y de la Calle. En representación de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias participó el síndico mayor, Avelino Viejo Fernández.

En la primera reunión se intercambió información sobre áreas de fiscalización que podrían abordarse en 2017, al objeto de evitar duplicidades o lagunas y fortalecer las actuaciones conjuntas. Se puso especial atención al punto relativo al estado de situación de la rendición de las cuentas generales y de la remisión de información contractual por las entidades locales de 2015, así como a los resultados del desarrollo de los planes de actuaciones llevados a cabo por las instituciones fiscalizadoras. También se abordaron cuestiones encaminadas al impulso de acciones coordinadas, entre otras, la fiscalización de acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por los interventores locales y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa. Igualmente, se discutieron iniciativas para homogeneizar procedimientos, actuaciones y herramientas de trabajo.

En la reunión de la Plataforma de Rendición de Cuentas se presentaron diversas propuestas para adaptar en la mayor medida posible la operativa de esta herramienta informática y de sus utilidades a los desarrollos de sus aplicaciones y a los nuevos requerimientos normativos. La Plataforma, puesta en marcha en 2007 y cuyo uso comparten el Tribunal de Cuentas y la mayor parte de los órganos autonómicos de control externo, contribuye de manera decisiva a la simplificación de la rendición de las cuentas y de la remisión de la información y documentación a que están obligadas las entidades locales, así como a su mejora cualitativa y a la transparencia en la gestión.

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