A partir de enero de 2017 y de forma paulatina los contratos de seguridad de la Administración del Principado, además de cláusulas sociolaborales, incluirán otros criterios de adjudicación no basados exclusivamente en la oferta económica más ventajosa
La empresa que cuente con un mayor porcentaje de personas con discapacidad en plantilla tendrá ventaja frente a las demás en caso de empate
El Gobierno de Asturias incorporará cláusulas laborales y sociales en los futuros contratos de seguridad, siguiendo los criterios de los acuerdos de concertación, con el fin de que la adjudicación se determine en función de varios criterios y no exclusivamente del coste económico. El primer contrato en el que se aplicarán estas cláusulas será el del Centro de Menores de Sograndio, en cuyo contenido trabaja actualmente el Ejecutivo autonómico. En el caso de que se presenten dos ofertas iguales, el desempate se resolverá, como primer criterio, según el número de personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2% y como segundo, atendiendo al número de mujeres en la plantilla.
Además, el contrato de Sograndio se renovará a finales de diciembre, por lo que las cláusulas estarán vigentes desde principios de enero de 2017. Entre otras novedades, incluirán una serie de medidas para aumentar aún más la seguridad de internos y trabajadores, entre ellas, la ampliación del sistema de videovigilancia, el aumento de las medidas de detección de elementos prohibidos y la existencia de un deber permanente por parte de la empresa de auditar la seguridad del centro. Estas actuaciones se suman a las adoptadas ya en los últimos meses, como la instalación de la valla perimetral de seguridad, la poda de árboles que pudieran facilitar las huidas, el aumento de la vigilancia en el acceso a objetos que pudieran emplearse en fugas y la incorporación de nuevas cámaras y sistemas antivandálicos.
Así lo ha anunciado hoy el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, durante su comparecencia en la Comisión de Presidencia y Participación de la Junta General para informar sobre el cumplimiento de la moción 9/10, de 13 de noviembre de 2015, referida a la política general en materia de seguridad y a la seguridad en los centros de menores y otras dependencias de titularidad autonómica. Una moción a la que, según ha subrayado, se ha dado “sobrado cumplimiento”.
El consejero ha destacado “las especiales dificultades jurídicas y administrativas” que el Gobierno ha encontrado para lograr la incorporación efectiva de las cláusulas sociales y laborales a los contratos de seguridad y al resto de pliegos de contratación de la Administración pública. “La adopción de criterios que concilian la libre concurrencia con el valor social de la contratación pública, de manera que ésta no se rija exclusivamente por la oferta económicamente más ventajosa supone sin duda un paso importante, que nos permite avanzar en el desarrollo de la Directiva europea 2014/24 sobre contratación pública, que aboga por la integración de requisitos sociales en los procedimientos de licitación pública”, ha señalado.
Junto con la incorporación de estas cláusulas y la garantía de cumplimiento de los convenios colectivos, la rescisión del contrato con la empresa Alcor, encargada de la seguridad del centro de Miraflores, era otro de los puntos recogidos en esa moción. Martínez ha explicado que el fin del contrato requerido se llevó a cabo el 1 de mayo, tras incorporarse una nueva empresa al centro, después de que la adjudicataria solicitara la resolución del contrato.
Asimismo, en relación con la necesidad de garantizar el servicio de seguridad en Miraflores de manera permanente, también este punto se ha llevado a cabo con la incorporación de la nueva empresa el mismo día en que la anterior cesaba en sus funciones, “lo que garantizó la continuidad del servicio, que en ningún momento quedó desatendido”, ha explicado el consejero.
El titular de Presidencia ha asegurado, además, que la revisión y seguimiento efectivo de los contratos de seguridad que se exigía en la moción “es una práctica habitual y permanente en la consejería” a la que, por tanto, también se ha dado cumplimiento.
Modelo educativo
En el caso del último apartado de la iniciativa parlamentaria, referido a la reorientación del modelo socioeducativo de los centros de menores, Guillermo Martínez ha manifestado que los internos de Sograndio tienen garantizado el acceso a la formación educativa y cultural, con independencia del régimen con el que están en el centro: cerrado, abierto o semiabierto. En este sentido, ha recordado que el Consejo de Gobierno aprobó recientemente un gasto de medio millón de euros para ampliar hasta 2018 el programa de formación e inserción profesional con la puesta en marcha de un nuevo taller de formación en jardinería y un curso básico en riesgos laborales relacionado con las ocupaciones más demandadas por el mercado laboral
Dentro de las medidas que el Gobierno asturiano impulsa para mejorar los programas educativos dirigidos a este colectivo, el consejero ha citado la firma de un convenio con la Fundación Cruz de los Ángeles orientado a la reinserción sociofamiliar de menores implicados en situaciones de violencia filoparental.
La Dirección General de Justicia e Interior también prevé desarrollar el próximo año un programa con medidas judiciales y extrajudiciales que abordará la reinserción de los menores y jóvenes desde todos los ámbitos, con especial incidencia en la reparación de los daños que hayan podido cometer.
El modelo de seguridad implantado en las dependencias y edificios de titularidad del Principado se caracteriza por la combinación de actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de servicios de vigilancia proporcionados por empresas privadas. En este segundo apartado, el Ejecutivo tiene suscritos en la actualidad 19 contratos con diversas empresas especializadas para 105 edificios, que protegen 229 vigilantes a través de ocho compañías de seguridad.
