El pliego de cláusulas reserva una parte de la actividad e empresas de inserción, limita la subcontratación e incluye por primera vez criterios sociales para la valoración de ofertas

El consejo de administración de la empresa pública Vipasa ha dado hoy luz verde al contrato de mantenimiento y reparación del parque de viviendas públicas que gestiona la entidad y que saldrá a licitación en los próximos días con un presupuesto de 1,6 millones para dos ejercicios.

Se trata del contrato ordinario de mantenimiento que la sociedad suscribe anualmente con diversas compañías para reparar desperfectos en las viviendas ocupadas o ir reparando las que quedan vacías. Los trabajos abarcan labores de albañilería, carpintería y vidriería, fontanería, calefacción y gas, electricidad, telecomunicaciones, mobiliario de cocina, pintura, cerrajería y saneamiento.   

El contrato incluye por primera vez criterios sociales para la valoración de las ofertas. De esta forma, además del aspecto económico, se evaluarán otros como contar con un porcentaje de trabajadores de más de 45  años, disponer de una plantilla temporal inferior al 20% o que las compañías cuenten con un plan de igualdad vigente.

Asimismo, se reserva el 10% de la actividad para empresas de inserción en algunos de los lotes ofertados. La licitación se realiza en cuatro lotes ligados a zonas geográficas para facilitar una mejor prestación del servicio por parte de las adjudicatarias.

Otra novedad del contrato está ligada a la subcontratación, que queda limitada al 25%, para favorecer que las empresas que se hagan con el contrato sean las que ejecuten directamente la mayor parte de las tareas encomendadas. El objetivo es favorecer la participación de las pymes.

Respecto a la ejecución de los trabajos, la contratación exige que las actuaciones en viviendas ocupadas se realicen en un plazo de 24 a 72 horas, mientras que si se trata de viviendas vacías pueden llegar a los dos meses.

“Con la actuación aprobada hoy en Vipasa queremos mostrar la decisión del Gobierno de Asturias de avanzar en la contratación pública con criterios sociales, en línea con el compromiso también adquirido en el Acuerdo para la Competitividad Económica y la Sostenibilidad  Social”, ha destacado la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela.