La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado auto de 12 de septiembre de 2016 en el que de forma unánime los magistrados deciden abrir causa penal por un presunto delito de blanqueo de capitales contra la senadora D.ª Rita Barberá, al tiempo que designan instructor por riguroso turno establecido al magistrado D. Cándido Conde-Pumpido.

En declaraciones a la emisora de radio COPE, el vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, D. Fernando Grande-Marlaska, tras una pregunta provocativa del periodista sobre la conveniencia que el Sr. Conde-Pumpido instruya la citada causa, aquél se negó a dar su opinión “para no generar desconfianza”.

Estas desafortunadas declaraciones además de fomentar la desconfianza de los ciudadanos/as en la administración de justicia arroja una sombra de duda sobre la independencia e imparcialidad del Tribunal Supremo y de los magistrados/as que lo componen. Máxime cuando tales declaraciones son emitidas por un vocal del Consejo General del Poder Judicial, órgano que tiene encomendado principalmente la defensa de la independencia de los Jueces/zas y Magistrados/as en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

Debemos de tener en cuenta, además, que el Sr. Conde-Pumpido es un magistrado del Tribunal Supremo con una larga y acreditada experiencia profesional en la que ha quedado patente a lo largo de los años su independencia e imparcialidad.

Jueces para la Democracia entiende que con sus declaraciones el Sr. Grande-Marlaska ha incumplido gravemente los deberes del cargo de vocal del CGPJ, pues su obligación es precisamente defender la independencia e imparcialidad de los miembros de la Carrera Judicial y no ponerla en cuestión. Por ello, Jueces para la Democracia presentará un escrito de queja ante el CGPJ solicitando del Pleno su cese como vocal.