Los ayuntamientos podrán contratar a más de 700 desempleados de  larga duración

El Gobierno del Principado destinará diez millones de euros a la nueva convocatoria de los planes locales de empleo, lo que demuestra su firme compromiso con este instrumento de inclusión social. Según ha confirmado hoy la directora del Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa), Luisa Pérez, los próximos programas se convocarán en septiembre y permitirán contratar a más de 700 personas durante un año por parte de los ayuntamientos asturianos.

El Principado ha mantenido un diálogo permanente con la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y los agentes sociales durante el proceso de elaboración de las bases que regularán la nueva convocatoria. Según ha destacado Luisa Pérez, el Sepepa siempre ha tenido en cuenta los cambios propuestos, dentro del marco normativo,  con el fin de conseguir la mayor eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos y, al mismo tiempo, garantizar la mayor seguridad jurídica.

Pérez ha celebrado que estos planes introduzcan una novedad pionera en España al incorporar un itinerario personalizado de empleo para cada beneficiario, que se combinará con las medidas de reactivación laboral que realice en el ayuntamiento. De esta manera, el Principado refuerza el programa, mejorando el potencial de las personas para encontrar un puesto de trabajo.

Durante los seis primeros meses de su contratación, los beneficiarios desarrollarán la actividad laboral en los consistorios. En el séptimo mes empezarán a combinar este trabajo con la orientación laboral que recibirán en las oficinas del Sepepa. Finalizada la actividad laboral, continuarán desarrollando los itinerarios personalizados para la búsqueda de trabajo.

Los planes locales de empleo se dirigirán a parados de larga duración o personas en situación de exclusión social. Cada ayuntamiento que contrate a cuatro o más personas deberá reservar el 50% de los contratos para mayores de 45 años y, dentro de este colectivo, tendrán preferencia los que superen los 52. Además, en los procesos de selección, y siempre respetando los límites expuestos, tendrán prioridad las mujeres víctimas de violencia de género y se podrán tener en cuenta otras prioridades relativas a la situación socioeconómica del desempleado y de su unidad familiar.