Podemos Asturies considera deleznable que Tragsa vuelva a sustituir con trabajadores eventuales los puestos de los veterinarios despedidos por el ERE

Llama la atención que quienes aprueban reformas laborales que acaban con los derechos de los trabajadores sean los primeros privilegiados en los mismos espacios en los que se aplican los EREs; como es el caso del popular García Cañal que, en 2015, cobró 85.356 euros como delegado territorial del Consejo de Administración de Tragsa

Tragsatec ha lanzado una nueva oferta de trabajo temporal para realizar la campaña de saneamiento ganadero el próximo otoño. Hace cuatro días, Tragsa, a través del portal de empleo Infojobs, ofertó 17 plazas para veterinarios, para participar “en un programa de Sanidad Animal especialmente enfocado al diagnóstico de Tuberculosis”, el mismo trabajo que venían haciendo los 18 veterinarios despedidos por el ERE.

Es decir, Tragsa continúa sustituyendo con eventuales los puestos de los trabajadores fijos que fueron despedidos. Casualmente, se ofertan 17 plazas bajo el mismo perfil de los 18 despedidos, lo que supone sustituir trabajadores con experiencia y derechos laborales adquiridos derivados de su antigüedad por otros, que incluso podrían ser los mismos en el caso de presentarse a la selección, con unas condiciones laborales más precarias.

Llama la atención que quienes aprueban y aplican reformas laborales que acaban con los derechos conseguidos por los trabajadores sean los primeros privilegiados en los mismos espacios en los que se aplican los EREs. Por ejemplo, en el Consejo de Administración de Tragsa, encontramos como delegado territorial -a propuesta del Partido Popular- al diputado de este mismo partido, José Ramón García Cañal que, además, fue el número 3 en la lista presentada por el Partido Popular y Foro Asturias a las elecciones del 26 de junio. Cañal, según la declaración de bienes publicada en la web del Congreso de los Diputados, cobró 85.356 euros además de 3.132 euros en especie en el año 2015, mientras se enviaba a la calle a trabajadores necesarios para las diferentes labores que se desempeñan desde la empresa pública.

Si estas prácticas resultan deleznables en cualquier empresa, más condenables son en una empresa pública como Tragsa donde, además, no es la primera vez que ocurre esto: el pasado mes de febrero apareció otro anuncio de 25 plazas para 25 veterinarios, también para la campaña de la tuberculosis.

El Gobierno asturiano ya dejó patente su pasividad ante los despidos a comienzo de año. Los 17 empleados recibieron por burofax la notificación de despido entre el  31 de diciembre y el 1 de enero, pero la consejera María Jesús Álvarez, a pesar de las reuniones solicitadas, no tomó cartas en el asunto hasta 15 días después, cuando los despidos eran un hecho y fue consciente de que ya no contaba con los veterinarios que deberían encargarse de realizar el saneamiento en plena campaña.

En esta ocasión, volvemos a comprobar cómo la dirección de la empresa pública estatal falta al respeto a sus trabajadores y al conjunto de asturianos y asturianas en una nueva vuelta de tuerca para precarizar el empleo público y los derechos de los trabajadores.