La actuación sirve de puente entre los recursos asistenciales y el sistema de justicia para lograr la inserción social de la población toxicómana con problemas penales

Asturias.-El Gobierno de Asturias financia con 138.700 euros el programa de intervención en drogodependencias en los juzgados de guardia de Oviedo y Gijón este año. Esta medida, para cuya aplicación se renovará el convenio de colaboración que mantienen el Principado, el Consejo General del Poder Judicial y la asociación Servicio Interdisciplinar de Atención a las Drogodependencias (SIAD), sirve de puente entre los diferentes recursos asistenciales y los juzgados para contribuir a la inserción social de la población toxicómana con problemas jurídico-penales a través de estrategias sociales, sanitarias y psicológicas.

La Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana facilita los locales e instalaciones en los que el SIAD presta sus servicios, tanto en el edificio judicial de la calle Comandante Caballero, de Oviedo, como en el de la plaza Decano Eduardo Ibaseta, de Gijón, así como el mobiliario necesario para su trabajo. Por su parte, la Consejería de Sanidad asume el coste del programa con 138.700 euros.

Además, el SIAD contribuye con los medios humanos y materiales necesarios para garantizar la ejecución de las actividades incluidas en el programa, que se llevan a cabo en las dependencias judiciales.  El fin de esta organización sin ánimo de lucro es la intervención en los juzgados para contribuir a solucionar los problemas que conlleva la comisión de delitos relacionados con el consumo de drogas.

Los destinatarios del programa de intervención son personas drogodependientes implicadas en diligencias judiciales por la comisión de delitos relacionados con su dependencia de sustancias tóxicas, a la espera de juicio o pendientes de confirmación de sentencia, internados en centros penitenciarios, bien como preventivos o penados, o en libertad provisional o condicional. La iniciativa se dirige también a sus familias, a las que se ofrece asesoramiento, acompañamiento e información.

El proyecto se extiende, asimismo, a magistrados, fiscales, abogados y forenses, a quienes se les asesora en materia de drogodependencias, y a los profesiones de otros recursos asistenciales como los centros de salud mental, las unidades de tratamiento de toxicomanías, los planes municipales de drogas, albergues y centros de encuentro y acogida, con los que establece un canal permanente de comunicación.

La iniciativa se desarrolla en diferentes niveles: la intervención en calabozos, donde se informa sobre el programa y sus funciones; la intervención en el despacho con usuarios, familias y operadores judiciales; la elaboración de informes de toxicomanías, y el seguimiento a personas a las que se les aprueba la suspensión de condena.

Durante el año pasado, el programa permitió ofrecer información a 846 personas en los calabozos y se celebraron entrevistas de despacho con 2.589 usuarios y 56 familias.

Los objetivos generales de la intervención son los siguientes:

-   Informar y orientar a las personas detenidas sobre las opciones asistenciales para el tratamiento de las drogodependencias.

-   Asesorar a los jueces sobre las circunstancias personales y sociales de los detenidos.

-   Garantizar el seguimiento de los beneficiarios del programa a través de la coordinación de los centros asistenciales públicos y privados acreditados.

-   Colaborar en el control de las abstinencias del consumo de drogas de las personas que se encuentran en libertad provisional, libertad condicional o en situaciones de remisión condicional de pena.