La noticia de la exigencia del ministerio de Hacienda del cierre de la empresa de autobuses de Mieres se basa en una ley que EQUO critica, la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local.
Esa ley invade las competencias de los ayuntamientos y busca desmantelar los servicios públicos y sociales que administran los concejos.
Se busca culpabilizar a las administraciones locales del déficit público y la crisis económica, cuando la responsabilidad de los ayuntamientos es mínima comparada con las deudas de grandes comunidades aútonomas que gestionó el propio Partido Popular como Valencia o Madrid. Hace poco hemos sabido que la Sareb, el "banco malo", sigue costando dinero al país, con una factura que va camino de los 3.000 millones de euros. De forma directa o indirecta la banca se ha llevado decenas de miles de millones de uros, sin que ni siquiera podamos saber con exactitud cuánto. La responsabilidad de los problemas que tenemos no es de los ayuntamientos, o no principalmente.
La flexibilidad que el gobierno pide para sí, no la aplica a los ayuntamientos.
Nuestra compañera Olga Alvarez, actual coportavoz de EQUO Asturias, como concejala responsable de la empresa entre los años 2011 a 2014, propuso un plan de viabilidad que ha reducido el déficit en los últimos 4 años en más de un 40 %. El ayuntamiento de Mieres como consecuencia de la política de desfilfarro del anterior gobierno del PSOE se encontraba en una grave situación financiera que se ha ido mejorando poco a poco durante los últimos 5 años. No es de recibo que haya dinero para rescatar bancos y no se perdone a un ayuntamiento que está haciendo sus deberes y remediando los problemas que causaron otros.
Se hacen proyectos vacíos para el medio rural, mientras se abandona el transporte público. Para fijar población es imprescindible la existencia de transporte público. De la misma forma para las personas con poca capacidad económica que no pueden acceder al vehículo privado, el transporte público es ireemplazable.
Para poder mantener la actividad económica en los pueblos del concejo de Mieres, para ayudar a fijar población, para ayudar a las personas con riesgo de exclusión social, los autobuses son necesarios. Ese dinero no es un gasto es un inversión en el futuro. Además esa decisión envía al paro a toda la plantilla. Con la tremenda necesidad de puestos de trabajo sostenibles que hay en nuestras Cuencas.
Por eso, rechazamos frontalmente el cierre de la empresa y expresamos nuestra solidaridad con el alcalde y el equipo de gobierno de Mieres.