Javier Fernández: 'Garantizar la certidumbre institucional es una urgencia para España'

Javier Fernández: Garantizar la certidumbre institucional es una urgencia para España

Oviedo.-El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, en el foro Nuevos tiempos, nuevos retos para la empresa asturiana, organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), desgranó en su intervención los distintos vectores de la acción de gobierno y sus repercusiones sobre la economía, las empresas, Asturias y España, ambas en el marco de la globalización y en lo singular. Al inicio de su intervención, el presidente se refirió al momento político que vive España, afirmando que "garantizar cuanto antes la certidumbre institucional es ya, a estas alturas, una urgencia para España. No se trata de hacer una llamada pomposa a la responsabilidad, llenándonos la boca con la palabra, sino de ser conscientes de lo que nos estamos jugando. La convocatoria de unas terceras elecciones es una opción democrática. La democracia no se desgasta con el uso de las urnas; la erosionan y la agrietan la corrupción, la desigualdad, la mala gestión y, entre otros factores, la incapacidad".

 


También la fiscalidad asturiana ocupó un lugar destacado en su intervención. Así, "quienes sigan la actualidad asturiana saben que en nuestra comunidad resurge cada dos por tres un debate sobre el impuesto de sucesiones. Lo hemos abordado en múltiples ocasiones en el parlamento. La gavilla de críticas contra el gobierno es la acostumbrada retahíla de tópicos de  estos casos: desde el expolio del contribuyente hasta la doble tributación, acompañada de descripciones de lo que ocurre en otras comunidades e incluso en países lejanos, descripciones que intentan ser ejemplarizantes como vidas de santos. Como el debate fiscal es consustancial a la política desde siempre, entiendo que es difícil encontrar expresiones nuevas. Pero ya que no puedo exigir originalidad, sí pido al menos ponderación. Asegurar que Asturias es un infierno fiscal es falso; afirmar que el despegue económico del Principado está coartado por la voracidad impositiva también lo es.

Reconozco la evidencia de que hay divergencias entre las comunidades autónomas, diferencias que redundan en beneficios y perjuicios mutuos y que en conjunto empujan hacia una competición de saldos fiscales que sólo favorece a los más ricos.

Es el caso de Madrid, por ejemplo, donde aprovecha las ventajas derivadas de la capitalidad para favorecer la atracción de empresas que deciden votar con los pies, como se dice. Por eso defiendo que al menos en el caso de Sucesiones se establezca una tributación mínima homogénea en todo el Estado".

 

Fernández destacó las acciones del Ejecutivo asturiano a favor de la internacionalización empresarial y a la modernización tecnológica. "Sin ir más lejos, en el último Consejo de Gobierno hemos aprobado tres líneas de ayuda que serán gestionadas por el Instituto para el Desarrollo Económico del Principado y que  suman 3,8 millones para promover la innovación y la internacionalización. Ustedes conocen tanto la labor de Asturex en el fomento de la exportación como la Estrategia de Especialización Inteligente. La política de apoyo a los autónomos –que ahora se ampliará para iniciativas específicas en el medio rural a través de los programas Leader- es también una constante en las decisiones del Gobierno del Principado."

 

T animó también a los empresarios a tomar la iniciativa, a propósito del crecimiento de las empresas. "En España tenemos un problema de raquitismo empresarial reconocido. ¿Qué hace un arbitrista? Pues un arbitrista se asoma a las páginas de un periódico o a un programa de televisión, perora  y luego propone que la Administración haga un plan salvífico. Y yo, para ser serio, debo responderle al arbitrista que esas ayudas  están en marcha, que hay medidas de apoyo a procesos de fusión y de adquisición, que también están previstas para transferencias de negocios, pero que todo eso se quedará a medias si los propios empresarios son renuentes y no toman la iniciativa."

INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE:

 

Comienzo con una pregunta. ¿Cuándo empezaron, cuándo empiezan los nuevos tiempos? Ustedes nos han convocado con el título Nuevos tiempos, nuevos retos para la empresa asturiana. Dan por hechas dos cuestiones: que nos hemos adentrado en una época, distinta a la anterior, y que conlleva exigencias también distintas para el desarrollo empresarial.

Sin hacer trampa, reflexionaré sobre ambas afirmaciones. Los nuevos retos para la empresa asturiana son hoy similares a los de unos cuantos años atrás. Cualquiera de ustedes puede recitar de corrido (tal como hace décadas se memorizaba en las aulas la tabla de multiplicar), los desafíos del tejido empresarial: dimensión, internacionalización, nuevas tecnologías, agilidad administrativa, fiscalidad… Además, si un rasgo inherente a un buen empresario es la capacidad de adaptación permanente, incitarle a prepararse para los nuevos tiempos es una redundancia, casi una cacofonía.

Pero me comprometí a no hacer trampa. Entiendo que esperan más bien que hable sobre cuál ha de ser el papel de los gobiernos para apoyar a las empresas cuando afrontamos el final de la crisis o, al menos, de su fase más aguda. Ésa sería la nueva frontera que me envían a explorar, por recordar la expresión de Kennedy.

Voy con la primera etapa de ese camino. Asumo sin inconvenientes que  estamos en otra fase económica. Con un crecimiento superior al 3%, un notable aumento del consumo interno y una reducción continuada del desempleo –en el Principado encadenamos 33 meses consecutivos de descenso interanual-, los datos de recuperación son innegables. El problema es que a diferencia de otras épocas este crecimiento no va acompañado de la mengua de la desigualdad. Ése es un ramal que nos llevaría mucho debate y sobre el cual no insistiré. Piensen, no obstante, que la desigualdad es tanto una consecuencia como una causa del dinamismo económico mal entendido.

Debemos preguntarnos si la remontada es irreversible. En España (no sé si también en otros países) los pesimistas tienen un enorme prestigio. A uno no se le perdona si yerra en un pronóstico optimista, pero se le indulta de inmediato si falla en un anuncio desgraciado. De hecho, en la política y el periodismo abundan auténticos profesionales de la catástrofe. Digo esto porque las incertidumbres que ensombrecen el horizonte  también son conocidas y podría refugiarme en esas nubes para lanzarme pesimismo abajo.  La repercusión del Brexit, el problema bancario italiano, las exigencias de Bruselas con el déficit, el reconocimiento de China como economía de mercado, la subida de los tipos de interés en EE.UU., la caída de las materias primas, los problemas de las economías emergentes, el estancamiento del comercio mundial… No sigo: quien quiera ser apocalíptico siempre tiene a mano un gato negro para atravesarlo en la calle. Prefiero quedarme en enunciar que todos esos problemas están ahí.

He citado sólo cuestiones internacionales a propósito. No escapan a nuestro alcance, pero sí a nuestro dominio: es decir, tenemos una capacidad limitada para gobernarlos. Esta distinción es muy importante y volveré a ella en la intervención. Les advierto que a mí la oposición no me la perdona, así que sean prudentes si se deciden a utilizarla. Les digo, y les incomoda, que la política no lo puede todo –lo cual, en cierto modo, también es una suerte- y que cada administración tiene un radio de acción distinto. Acabemos con la visión milagrera de la política, tan de moda, y exijamos cada responsabilidad al que le compete, sin olvidarnos de nosotros mismos.

Entender, por ejemplo, que la capacidad del Gobierno de España para obviar la marcha económica internacional es limitada es de sentido común. No exime de incompetencia, pero resulta indiscutible. En cambio, existen asuntos  sobre los que sí podemos y debemos tomar decisiones a corto plazo. Se lo digo porque conviene distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. Esta división es sumamente útil para orientar a la gente en general y mucho más aún para las políticas.

En la educación, el mercado laboral o la planificación de infraestructuras, el poder no nos ha sido arrebatado a los políticos por la globalización. También la sostenibilidad de las pensiones o la financiación autonómica, que deben abordarse de inmediato, son cosa doméstica. Incluso la fiscalidad, salvo la que afecta a los beneficios empresariales, que no puede olvidarse del contexto internacional. Todos son asuntos cruciales y todos están en nuestras manos. Sobre ellos disponemos, quiero decir que dispone el Gobierno, tanto de alcance como de dominio. Son indelegables: o los resolvemos o los dejamos empeorar.

Soy consciente de que he pronunciado la palabra gobierno, que lo haya depende de la política, ya saben que conviene diferenciar entre “la política” y “las políticas”. La primera se ocupa de lo que hacemos los políticos para acceder al poder, “las políticas” se refieren a qué se hace con el poder una vez conseguido.

Quizá piensen que me desvío del asunto, que en lugar de hablar de los desafíos del tejido empresarial me alejo para discursear sobre mi libro. Cada nave tiene su derrota, y yo no niego la mía, pero ya me dirán si la prolongación de esta situación de gobierno en modo de ahorro energético acabará repercutiendo o no en la marcha de la economía y con qué efectos sobre la actividad empresarial. La seguridad jurídica y la estabilidad son condicionantes para toda inversión importante  aquí y en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, garantizar cuanto antes la certidumbre institucional es ya, a estas alturas, una urgencia para España. No se trata de hacer una llamada pomposa a la responsabilidad, llenándonos la boca con la palabra, sino de ser conscientes de lo que nos estamos jugando.

La convocatoria de unas terceras elecciones es una opción democrática. La democracia no se desgasta con el uso de las urnas; la erosionan y la agrietan la corrupción, la desigualdad, la mala gestión y, entre otros factores, la incapacidad.

Soy consciente del territorio en  el que me interno, pero sería reservón  si me parase a la orilla después de haber llegado hasta aquí. A trazos muy gruesos, podemos decir que el auge de los populismos en Europa es una consecuencia de la crisis y de la gestión concreta que se ha hecho de ella. En cada país, el malestar se ha metabolizado de forma diferente. En unos sitios ha derivado en xenofobia, en una pulsión nacionalista frente al enemigo exterior: Europa nos roba o España nos roba, el estribillo es similar. En otros casos el adversario es interno, la política tradicional, el bipartidismo, las élites…. en todos el lenguaje es simplificado y los problemas y las soluciones también. Por eso cuando escucho reprocharles que una vez en el poder no cumplirían sus promesas, pienso que lo peor sería que las pusieran en práctica.

Si advertimos esta erosión de la democracia representativa que vive Europa, de la fatiga de materiales que sufre la Unión, y de las urgencias que reclama nuestro país, si alguien me pregunta que opino sobre otra repetición electoral. Si me preguntan si me da miedo ese escenario, les diré que sí, el miedo a secas no es en sí mismo una señal de cobardía, sino de lucidez.  No confundamos iniciativa con osadía: los valientes se sobreponen al miedo; los temerarios no lo sienten.  Entre  los desenlaces posibles –y por posibles entiendo los que pragmáticamente son considerables, no los que van a cuenta de la ensoñación-, las terceras elecciones son un descrédito para el conjunto de la clase política.

Ahora permitan que me retire a lugares menos pantanosos, aunque muy espinados, el crecimiento económico en Asturias, por ejemplo. Este asunto, como se aprovecha un ciclo expansivo, es central como ustedes saben, y las predicciones económicas son tan frecuentes, y tan falibles, como los sondeos electorales.

Una de las más reputadas son las provenientes de Funcas, ya saben: la Fundación de las Cajas de Ahorro.

Este año el número 148 de Papeles de Economía Española está dedicado al crecimiento regional. En el caso de Asturias, el análisis pone especial énfasis en la capacidad de la comunidad para generar dinámicas propias de una gran aglomeración urbana, concluyendo que “el desarrollo de políticas que impulsen, regulen, orienten y ordenen el crecimiento de la metrópoli que emerge en el centro de Asturias es crucial porque se trata de: (y estoy citando literalmente).

El activo más válido y menos aprovechado para impulsar dinamismo, creatividad y capacidad de crecimiento.

El único modo de invertir la tendencia de pérdida de población.

Un impulso fundamental para crecimiento de la productividad en sectores clave como los servicios intensivos en conocimiento, los servicios comerciales o la industria avanzada.

Y de todo ello depende, en buena medida la capacidad de Asturias para derivar hacia una economía más dinámica capaz de soportar un creciente envejecimiento”. (Fin de la cita)

Cuando decidimos en el Gobierno avanzar sin pausa en esta dirección, las respuestas políticas que obtuvimos fueron de esas que responden a pensamientos que no se han pensado sino que vienen ya aderezados y completos en forma de escepticismo, cuando no de descalificación. La propuesta forma parte de “las políticas”; la respuesta, de “la política”.

Hace unos días supimos que el ministro de Economía en funciones consideraba la posibilidad de aumentar los tipos de retención a cuenta del Impuesto de Sociedades para recaudar 3.500 millones de euros que, junto a 1.500 millones de ahorro de pago por intereses y otros 1.000 de lucha contra el fraude, totalizan los 6.000 que parece que necesita De Guindos para impedir la multa de Bruselas. Sin entrar a valorar el estupor de los señores del Banco Central Europeo, allá en Frankfurt, de que la menor carga de intereses sea presentada como una medida del Gobierno de España para reducir el déficit, estarán de acuerdo conmigo de lo insólito de que hasta ayer mismo nos venían anunciando rebajas fiscales y aún hoy se ofrece bajar dos puntos los marginales inferior y superior del IRPF, cuando España cuenta con un déficit estructural en torno al 3% y nadie sabe cómo el próximo Gobierno va a reducir ni el gasto ni los impuestos en el contexto político y económico en el que estamos. Si quieren mi opinión, no duden que habrá incrementos impositivos por mucho que se confíe todo al crecimiento de la economía. El problema es que la mentira lleva siempre al descrédito y la mentira tributaria del Gobierno deteriora la credibilidad de las instituciones.

Necesitamos, ya lo he dicho, una revisión seria de nuestro modelo fiscal. Esta última legislatura se ha malbaratado una ocasión sobre la base que proporcionaba el informe Lagares. Pero para hacer una reforma tributaria sólida hay que emplear también argumentos sólidos. Pienso varios. Por ejemplo: en España sufrimos un problema con la volatilidad de los ingresos relacionado con nuestra estructura productiva. No existen ni una presión fiscal excesiva ni un gasto público desmadrado. Sí hay, en cambio, una gran bolsa de fraude, pero es ilusorio edificar castillos de gasto sobre el cálculo hipotético de  recaudación que se obtendrá al reforzar el control. Es conveniente ir a modelos más sencillos, no se trata de seguir en la línea de tipos crecientes y bases menguantes, sino justamente lo contrario, menos agujeros para la desgravación o la elusión tributaria, contra lo que ahora sucede. Y, por añadir otro, es imprescindible acotar la competencia fiscal entre comunidades autónomas.

Quienes sigan la actualidad asturiana saben que en nuestra comunidad resurge cada dos por tres un debate sobre el impuesto de sucesiones. Lo hemos abordado en múltiples ocasiones en el parlamento. La gavilla de críticas contra el gobierno es la acostumbrada retahíla de tópicos de  estos casos: desde el expolio del contribuyente hasta la doble tributación, acompañada de descripciones de lo que ocurre en otras comunidades e incluso en países lejanos, descripciones que intentan ser ejemplarizantes como vidas de santos. Como el debate fiscal es consustancial a la política desde siempre, entiendo que es difícil encontrar expresiones nuevas. Pero ya que no puedo exigir originalidad, sí pido al menos ponderación. Asegurar que Asturias es un infierno fiscal es falso; afirmar que el despegue económico del Principado está coartado por la voracidad impositiva también lo es.

Reconozco la evidencia de que hay divergencias entre las comunidades autónomas, diferencias que redundan en beneficios y perjuicios mutuos y que en conjunto empujan hacia una competición de saldos fiscales que sólo favorece a los más ricos.

Es el caso de Madrid, por ejemplo, donde aprovecha las ventajas derivadas de la capitalidad para favorecer la atracción de empresas que deciden votar con los pies, como se dice. Por eso defiendo que al menos en el caso de Sucesiones se establezca una tributación mínima homogénea en todo el Estado.

 

A estas alturas, un breve descanso de recapitulación. Hasta ahora, nombré algunas de las incógnitas que rodean la situación económica europea. Después me referí a la incertidumbre institucional que sufrimos en España, con  el consiguiente descrédito político. Un tramo más abajo hablé de la fiscalidad, que concierne a la Administración estatal y a las autonómicas. Ahora continúo hacia lugares más cercanos.

¿Qué puede hacer un gobierno autonómico para estimular el dinamismo empresarial? Pues, antes que nada, ser un buen pagador.  Las administraciones morosas son un peligro público, nunca mejor dicho. Como tantas otras cosas que sólo se aprecian bien cuando se pierden, en Asturias deberíamos valorar que contamos con una Administración autonómica diligente en sus pagos.  Somos la cuarta comunidad que menos tarda en cumplir esta obligación. [1]

Controlar el endeudamiento también importa. Una elevada carga financiera es un dogal para  el manejo de los recursos. Se ha subrayado el incremento de la deuda del Principado. Como los datos son públicos, no los discuto, pero reclamo el derecho de comparación. Nuestro endeudamiento se sitúa en el 18.8% del PIB y en 3.924 euros por habitante, el quinto y el cuarto más bajo de España, respectivamente. [2]  Estos dos datos, sumados a la capacidad para controlar el déficit, reconocida por la Autoridad Fiscal Independiente, completan el cuadro de una Administración responsable que procura gestionar bien. Si  pagamos más rápido, nos endeudamos menos y embridamos mejor el déficit. ¿cómo se puede denunciar a la par que somos un gobierno despilfarrador, ineficaz y manirroto, como hemos escuchado?

Estoy hablando bien de mi Gobierno, lo sé. Pero entiendan que con las que caen tan a menudo uno ceda a la tentación de presumir de cuando en cuando. Reconozco las debilidades. La reducción de la inversión, con mucha incidencia en la vida empresarial, es una evidencia. ¿Podríamos aumentarla? Sólo si dispusiéramos de más recursos, porque de lo contrario habría que recortar en otras partes. Eso sí, estoy dispuesto a escuchar las propuestas que excluyan la cuadratura del círculo: no se puede incrementar la inversión productiva sin reducir el gasto en otras partidas. Así que quien tenga claro dónde sobra, que lo indique, pero que no pidan a la vez más inversión y más gasto, más inversión y más empleo público, más inversión y más dotaciones sanitarias, más inversión y más aulas, porque eso es hacer trampa.

Ya me acerco al final del discurso. Me quedan sólo dos pasajes de recorrido obligatorio. El penúltimo tiene que ver con las medidas concretas de estímulo empresarial. Muchas de las áreas de trabajo están recogidas en el acuerdo para la competitividad económica y la cohesión social, el pacto de concertación impulsado por la Consejería de Empleo y suscrito en mayo con los sindicatos y la Federación Asturiana de Empresarios. A los dos meses y medio de la firma reitero que el Gobierno está empeñado en cumplirlo. Cito el plazo a propósito porque aunque ha pasado muy poco tiempo ya hemos iniciado la revisión de las cláusulas de contratación pública y continuamos la simplificación administrativa iniciada la pasada legislatura.

Entre esos ejes, destaco las acciones a favor de la internacionalización empresarial y a la modernización tecnológica. Sin ir más lejos, en el último Consejo de Gobierno hemos aprobado tres líneas de ayuda que serán gestionadas por el Instituto para el Desarrollo Económico del Principado y que  suman 3,8 millones para promover la innovación y la internacionalización. Ustedes conocen tanto la labor de Asturex en el fomento de la exportación como la Estrategia de Especialización Inteligente. La política de apoyo a los autónomos –que ahora se ampliará para iniciativas específicas en el medio rural a través de los programas Leader- es también una constante en las decisiones del Gobierno del Principado.

He reservado para el final el fomento del crecimiento empresarial. Aquí quiero enlazar varias reflexiones. Les propongo que comparen las medidas de apoyo a la actividad económica del Gobierno de Asturias con las de otros ejecutivos autonómicos. Observarán diferencias: no todos tenemos igual potencia económica, igual tradición exportadora, etcétera.  Sin embargo, comprobarán que la plantilla es similar, que en ninguna existen fórmulas mágicas. Protesté al inicio contra la visión milagrera de la política y lo mismo digo de los poderes empresariales de la Administración. Exíjannos buena gestión, competencia técnica, medidas de apoyo, que la sanidad, la educación y los servicios sociales funcionen bien, infraestructuras y equipamientos. Todo eso y mucho más relacionado con la iniciativa, la capacidad y, también, la orientación ideológica,  nos va en el sueldo, pero hay cuestiones que no pueden reclamarse a la acción política.

Lo digo a propósito del crecimiento de las empresas. En España tenemos un problema de raquitismo empresarial reconocido. ¿Qué hace un arbitrista? Pues un arbitrista se asoma a las páginas de un periódico o a un programa de televisión, perora  y luego propone que la Administración haga un plan salvífico. Y yo, para ser serio, debo responderle al arbitrista que esas ayudas  están en marcha, que hay medidas de apoyo a procesos de fusión y de adquisición, que también están previstas para transferencias de negocios, pero que todo eso se quedará a medias si los propios empresarios son renuentes y no toman la iniciativa.

Ésta es la última etapa. Por eso advertía al inicio de que cada cual ha de asumir su propia cuota de responsabilidad. Claro que la densidad tecnológica aún es baja, claro que tenemos una cultura empresarial más identificada con la propiedad que con el crecimiento. Pero, cuando menos, es una responsabilidad compartida.

Otro tanto, y ahora sí que concluyo, cabe decir, aunque a la inversa, de la situación política. Hay un discurso habitual, muy de barra de bar y cháchara tertuliana según el cual la ciudadanía es buena y benéfica, los medios de comunicación aún son mejores y, en cambio, los políticos resultantes son la versión torpe de los golfos apandadores. Es un triángulo falaz. Sería imposible que con dos lados perfectos emparejase un tercero deforme, gangrenado de podredumbre e incompetencia. También aquí hay que delimitar el radio específico de responsabilidad. ¿O los medios que jalean el populismo  no son responsables de lo que luego sucede? ¿Tampoco lo son los ciudadanos indiferentes a la corrupción? ¿No tiene sentido que todos nos miremos en el espejo con el grado necesario de sinceridad?

Constato que he vuelto a alejarme un tanto del tema de esta intervención. Pero, no lo duden, una buena política es un requisito para una buena administración que ayude, con seriedad y con rigor, al desarrollo de la iniciativa empresarial.




[1] En marzo, el período medio de pago se situó en 10,18 días. Las tres comunidades que tardaban menos en pagar eran Canarias, el País Vasco y Navarra. La media de las comunidades autónomas alcanzaba los 46,92 días.

[2] En cuanto al porcentaje de deuda sobre el PIB, tienen niveles inferiores Canarias, el País Vasco, La Rioja y Madrid. La deuda por habitante es inferior en Extremadura, Andalucía y Canarias.



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