Entre los implicados se encuentran 11 componentes del Servicio de Guardería del Principado de Asturias
La investigación se inicia a raíz de la operación “LOKI”, desarrollada en 2014 en la que se investigaron cientos de expedientes tramitados por el gobierno regional de Asturias en relación a supuestos daños producidos por lobos en la cabaña ganadera de esa Comunidad
Se estima que podían haber sido percibidos ilegalmente más de 200.000 de euros
Asturias.-La Guardia Civil, en el marco de la operación SKOL, ha investigado en el Principado de Asturias a 20 personas que reclamaban subvenciones por daños producidos al ganado supuestamente por ataques de lobos. Se les imputa los delitos de Estafa, Falsedad Documental y Prevaricación.
La investigación se inició a raíz de la operación “LOKI”, en la que en 2014 se investigaron cientos de expedientes tramitados por el gobierno regional de Asturias en relación a supuestos daños producidos por lobos en la cabaña ganadera de esa Comunidad.
Dicha investigación determinó que, en muchos casos los daños no habían existido y que además, se había solicitado el resarcimiento de los mismos por doble vía: por una parte a través de la correspondiente indemnización al seguro, y por otra por subvenciones del Principado.
Con independencia de los resultados obtenidos en la operación citada, los agentes detectaron varias irregularidades que podrían atribuirse a la participación de personal de la Administración, lo que determinó que se llevara a cabo una vigilancia más exhaustiva de estas actividades, dando lugar a la explotación de la operación SKOL.
Reclamaciones irregulares
La línea principal de la investigación se centró en las reclamaciones que algunos ganaderos presentaban para obtener una subvención que cubriese los daños sufridos por sus animales, supuestamente debidos a ataques de lobos. La casuística era muy variada: desde la inexistencia de ataques reales hasta la presentación de un animal con indicios de heridas producidas por lobos pero colocando junto a él restos de otros animales que habían fallecido tiempo atrás.
Para hacer efectiva esa reclamación era imprescindible que un Guarda de la Comunidad Autónoma certificase los daños, detectándose hasta 11 componentes del Servicio de Guardería que lo hicieron de forma fraudulenta.
Durante la comprobación de los distintos expedientes se constataron irregularidades que resultaron decisivas para la investigación. Algunas de ellas consistían en modificaciones posteriores de la misma foto (en unos expedientes aparecía invertida, en otros se cambiaba el encuadre recortando los laterales en proporciones diferentes). Otros expedientes contenían fotos con el supuesto ataque a varios animales, llamando la atención de los investigadores, que uno mostraba signos de una muerte reciente, mientras que alrededor aparecían huesos secos y pieles oscurecidas por haber permanecido un tiempo a la intemperie.
Establecida ya una línea de conducta que buscaba la obtención fácil de beneficios económicos, las reclamaciones irregulares se ampliaron a otros ámbitos en los que ya no era necesario justificar los daños supuestamente ocasionados por el lobo.
Aunque es difícil determinar el alcance real que, en términos económicos puede haber alcanzado la estafa, se estima que podían haber sido percibidos ilegalmente más de 200.000 euros.
Repercusiones
Independientemente de la influencia que pueda tener el volumen total de daños que se atribuyen a los lobos a la hora de adoptar decisiones sobre el mantenimiento de su población, lo cierto es que la situación puede haber influido en generar un ambiente de rechazo contra la presencia de esa especie, atribuyéndole la comisión de diferentes ataques contra el ganado que sin embargo no han tenido lugar.
Recientes hechos en los que cabezas de lobos han aparecido colgadas en diferentes puntos de la geografía asturiana podría ser un reflejo de esa “criminalización” del lobo.
Por otra parte, la investigación de la Guardia Civil no implica que las subvenciones o los sistemas de tramitación de las reclamaciones de daños comporten deficiencias legales. Simplemente se ha constatado que, en un porcentaje reducido, las personas que han intervenido en el proceso no lo han hecho correctamente.
La investigación ha sido desarrollada por agentes pertenecientes al UCOMA de la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA).
