La investigación, llevada a cabo por los especialistas en investigación criminal de la Ertzaintza bajo el sobrenombre de "Operación Amurraina" (en alusión a la naturaleza de las empresas ficticias creadas, denominadas "truchas"), ha permitido establecer la gran dimensión del entramado delictivo cuyos componentes, de manera concertada, iban creando en cada periodo impositivo una estructura de empresas diferentes que realizaban el papel de "trucha" con la finalidad de defraudar a la Hacienda pública. Posteriormente, los beneficios obtenidos eran blanqueados mediante operaciones de transferencias de dinero al exterior. Para la realización de los fraudes los componentes de la organización se repartían diferentes cometidos destinados a imposibilitar que la administración tributaria pudiera ejercer sus facultades de control y, en su caso, de recaudación. Entre los doce detenidos figuran dos ciudadanos argentinos y otro de nacionalidad rumana.

En la operación de la Ertzaintza han resultado claves la colaboración de la Oficina Nacional de Investigación Contra el Fraude (ONIF) y de los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera, ambos organismos adscritos a la Agencia Tributaria, así como el apoyo de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, que han colaborado en las detenciones y en los registros, la mayoría de ellos fuera de Euskadi.

La investigación, que sigue abierta, trata de determinar el alcance del fraude, que se estima en varios millones de euros, y conseguir la identificación del resto de los miembros de la red a través del análisis de los documentos y del material informático incautado en los registros efectuados en domicilios y empresas de Leioa (Bizkaia), Castro-Urdiales (Cantabria), Logroño (La Rioja), Boadilla del Monte, Fresnedillas de la Oliva, Alcorcón, Leganés, El Álamo (todas ellas en Madrid), Toledo y Santa Coloma de Gramanet (Barcelona). Entre el material decomisado figura una máquina electrónica para contar importantes sumas de dinero, sistemas informáticos para alterar direcciones IP, etc..

Empresas falsas

La trama empresarial montada se beneficiaba de la regulación legislativa europea a través de la creación de sucursales de las empresas defraudadoras en otros puntos de la Unión Europea. Los estafadores eludían el pago del IVA mediante la interposición de empresas instrumentales.

La compañía que realmente adquiría la mercancía ("pantalla") quedaba liberada del pago del IVA con la excusa de que éste debía asumirlo la empresa interpuesta ("trucha"), por lo que solicitaba a Hacienda la devolución o compensación de ese IVA que en realidad no había pagado. La "trucha" por su parte no realizaba ninguna liquidación y cuando, finalizado el plazo de liquidación de dicho impuesto, Hacienda solicitaba el ingreso de la cantidad adeudada se encontraba con que resultaba imposible localizar la empresa o que la persona que constaba como administrador de la misma era insolvente, un simple "testaferro" que prestaba su identidad a los organizadores del fraude.

En la trama desorganizada se han localizado varias empresas "trucha" ubicadas en Hungría, mientras que el papel de testaferros era realizado por individuos marginales sin domicilio conocido.

Una modalidad delictiva en auge

Según el informe de 2010 sobre la situación en España de la delincuencia organizada, realizado por el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, se ha constatado un aumento de más del 60% de los grupos dedicados a este tipo de delitos en relación con 2009.

Entre estos grupos están los que, como en este caso, aprovechan la normativa sobre el IVA que permite la exención plena de dicho impuesto en las transacciones intracomunitarias, por la que la empresa compradora puede abonar dicho pago en su país. Las tramas de fraude del IVA provocan así una importante erosión en los ingresos públicos pues habitualmente la recuperación del dinero defraudado resulta imposible.

En esta ocasión, durante la investigación realizada se ha conseguido información tanto de los promotores de la red (los responsables de la misma serían dos ciudadanos con residencia en Madrid y un tercero residente en Leioa) como de los enlaces con los administradores de las empresas, así como evidencias de la implicación de numerosas compañías en la trama, asegurando de esta manera las cuotas defraudadas y convirtiéndose así en una investigación sin precedentes en la historia reciente de la persecución del fraude de la Hacienda pública.

No obstante, el verdadero alcance de la investigación está todavía por determinar, dada la inmensa cantidad de documentación incautada, especialmente informática, siendo necesario su estudio y análisis para determinar el grado de incriminación de otras empresas o el posible fraude a otras haciendas autonómicas.

Durante la presente semana se han ido presentando a disposición judicial a las diferentes personas detenidas, ratificándose las imputaciones efectuadas y adoptándose las medidas cautelares pertinentes