El portavoz del Ejecutivo asegura que "lo que piden los lorquinos y los murcianos es un acto de justicia", porque "no se han enterado de que la situación requiere de la intervención del Estado"

Recuerda que Valcárcel tuvo que elaborar un Plan Lorca ante la ausencia de contestación para ampliar el decreto de ayudas a los damnificados y las ayudas al comercio

Pide al Gobierno de España que se recupere el espíritu del 11 de mayo y la unanimidad que se demostró el pasado 13 de septiembre en el Congreso de los Diputados

El Gobierno de Murcia  le recordó hoy al portavoz del Gobierno, José Blanco, que Lorca "es una cuestión de Estado" y aseguró que Blanco ha demostrado la "desafección" del Gobierno socialista con Lorca", tras las declaraciones realizadas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El portavoz del Ejecutivo murciano, José Ballesta, consideró estas declaraciones "fuera de tono" y aseguró que "lo que demuestran es el desinterés del Gobierno socialista con Lorca", porque, dijo, "no se han dado cuenta de que los terremotos sufridos el 11 de mayo en esta localidad, no es una cuestión de un ayuntamiento o de una comunidad autónoma, sino que es y debe ser una cuestión de Estado, como entienden todos los españoles".

José Ballesta apeló a "la lealtad con Lorca y los lorquinos, un pueblo que ha sufrido la catástrofe sísmica más grave de nuestra historia reciente" y también al valor de la solidaridad, que supone que "el que más tiene ayude a aquellos que lo han perdido todo". Es evidente, añadió, que "las posibilidades económicas y presupuestarias del Gobierno central son muy superiores a las que puede tener un Gobierno autonómico o local".

Por tanto, el portavoz pidió "la solidaridad con los lorquinos, al igual que se ha tenido en otros momentos y lugares con la movilización de ayudas".

"Lo que piden los lorquinos y los murcianos es un acto de justicia", aseveró el portavoz murciano, quien pidió al Gobierno de España que "recupere el espíritu de lealtad de aquel 11 de mayo y la unanimidad que se demostró el pasado 13 de septiembre en el Congreso de los Diputados". Igualmente, pidió que "se recobre también la mesura y prudencia que deben siempre caracterizar las declaraciones de un portavoz del Gobierno".

Ballesta recordó que el Gobierno regional y el PP pidieron en reiteradas ocasiones que se ampliara el Real Decreto de Ayudas firmado en los días posteriores a los seísmos para ayudas al comercio, que "no se amplió".

Remarcó que "el Ejecutivo murciano y el Partido Popular pidió la celebración de la Comisión de Interior en el Congreso de los Diputados que no quiso celebrarse para ampliar estas ayudas", y que ante la ausencia de respuesta, "Valcárcel tuvo que presentar un Plan Lorca que contó con el apoyo de toda la sociedad lorquina". Subrayó también que "tuvieron que ser los diputados del Partido Popular en el Congreso de los Diputados los que hicieron valer dicho Plan".

"Lorca es una cuestión de Estado"

Recordó que además de las nueve víctimas mortales y más de 300 heridos registrados, los terremotos afectaron a entre 35.000 y 40.000 personas. Por ello, añadió, "más de 1.000 familias se quedaron sin casa y entre 3.000 y 4.000 tuvieron que ir a vivir a otros lugares de la Región". Además, precisó que, según estimaciones de Comunidad y Ayuntamiento, sufrieron daños el 80 por ciento de las viviendas (25.000).

Explicó que el municipio de Lorca contaba en el momento de los seísmos con una población de 92.694 personas, lo que representa el 6,34 por ciento de la población regional, y es el segundo municipio más grande de España con una extensión de 1.676 kilómetros cuadrados.

Señaló que "lo que está detrás de una tragedia como ésta no son las frías cifras, sino las personas", y apuntó que para "paliar las graves consecuencias que han ocasionado los seísmos en el tejido social, productivo y económico de la ciudad, y su repercusión en el conjunto de Murcia, se hace necesaria una inversión que equivale al 6,1 por ciento del PIB regional, que resulta imposible ser asumido en solitario por la Administración autonómica y local".

"Esta situación demuestra que Lorca es y debe ser una cuestión de Estado como ocurrió en Galicia tras el Prestige", concluyó