Las ayudas destinadas a cubrir la catástrofe de 2010 no se concedieron por igual a todos los vecinos que vivían en una de las zonas más inundadas. Una familia afectada sigue arrastrando problemas económicos y de vivienda aun 6 años después.

• La familia fue desalojada de la casa afectada por razones de seguridad sin ninguna alternativa de vivienda
• El Ayuntamiento se comprometió a alquilarles una casa a cambio de su rehabilitación, pero ya comenzadas las obras la precintaron sin explicación

Arriondas.- Este junio se cumplen seis años desde la tremenda riada que asoló parte de Asturias y en la que gran parte de Arriondas se inundó. Más de 60 viviendas, la zona escolar, el hospital, comercios, establecimientos, garajes, vehículos, bienes públicos municipales, carreteras, parques, la piscina climatizada o el polideportivo fueron los numerosos bienes que se vieron afectados por las fuertes precipitaciones y el desborde del río Sella. De aquella, los gobiernos municipal, autonómico y estatal se pasaban el testigo de la responsabilidad sin hacer frente a un problema inmediato y muy grave de cobertura de primeras necesidades de los vecinos afectados.

Al mes siguiente, el Gobierno central aprobó unas ayudas de emergencia para las personas cuya vivienda y enseres se vieron afectados, de cuya gestión se ocupaba el Ayuntamiento. Estas ayudas complementaban a las autonómicas de reparación de daños causados por las lluvias e inundaciones. Sin embargo, las ayudas no se concedieron a todos. La catástrofe sacó a flote diversas situaciones irregulares en las que infraestructuras destinadas a uso industrial eran utilizadas como viviendas. El Ayuntamiento tenía que conocer de esta situación, pues las personas allí residentes estaban empadronadas en Parres y hacían vida cotidiana en la zona. Sin embargo, en lugar de hacer frente al problema, el Consistorio Municipal prefirió acallar las voces parcheando los problemas y prometiendo soluciones que nunca llegaron.

Así actuó con Pedro Utrilla, un vecino que junto con su familia alquilaba una vivienda en una de las zonas más cercanas al cauce del río. Durante la riada no solo perdió la mayor parte de sus bienes, sino además su casa. Él y su familia dedicaron días enteros a achicar agua y arreglar la vivienda, incluso pidieron un préstamo para rehabilitarla contando con que se les concedería parte de la subvención asignada a las víctimas. Pero, para su sorpresa, el Ayuntamiento les desalojó y precintó el edificio alegando razones de seguridad. A cambio, no les ofreció ninguna solución habitacional, ni a ellos ni al resto de vecinos que fueron desalojados. Ellos solamente recibieron una pequeña ayuda autonómica para la reparación de daños causados, pero no las estatales por daños estructurales de la vivienda o destrucción de la vivienda en la que no pudieron seguir viviendo, y la cual hasta hoy está tapiada. El Ayuntamiento alegó que la que había sido su casa no figuraba como vivienda. Así es que tuvieron que buscarse por su cuenta un sitio para vivir.

Estuvieron algún tiempo residiendo en la casa de un amigo sin pagar renta mientras la arreglaban, pero a los pocos meses el banco le desahució y fueron desalojados. Volvieron al Ayuntamiento a pedir ayuda, y el Consistorio les ofreció vivir de alquiler en la casa-escuela de Vallobil, que necesitaba unos arreglos. El día 4 de enero de 2013 el Ayuntamiento de Parres aprobó el arriendo de la vivienda, a cambio de su rehabilitación.

Mientras Pedro comenzaba las obras, él y su familia vivieron en una casa abandona prácticamente en ruinas: sin cocina, sin ducha, sin ventanas, sin luz, sin agua corriente y con un árbol en el salón. El dinero no les llegaba para costear los materiales que el Ayuntamiento no facilitaba, por lo que pidieron un segundo préstamo al banco. Un mes después, el arquitecto técnico municipal precintó la casa, sin aviso y sin razón, dejando a la familia en la calle, con los muebles dentro y dos préstamos a pagar.

Pidieron ayuda al Consistorio, suplicaron al Alcalde, pero no obtuvieron respuesta. Gracias a la ayuda de un familiar consiguieron salir de aquella ruina insalubre y trasladarse a otro concejo, donde actualmente todos ellos residen a cambio de arreglarla, pero con la carga de pagar dos préstamos al banco y con unos ingresos mínimos para hacerlos frente. Hoy, un día más, Pedro y su familia exigen al Ayuntamiento de Parres que se haga cargo al menos del importe de los materiales y la mano de obra, que aun 6 años después de la tragedia no les deja levantar cabeza.

El tiempo todo lo arrastra

Pedro y su familia siguen insistiendo cada poco, pero el Ayuntamiento no responde a sus llamadas. Sin embargo, el consistorio municipal anunciaba a principios de 2016 la realización de una obra por valor de 15,4 millones para proteger a Arriondas de las riadas, sin haberse hecho aun responsable de la situación de una familia a la que mantiene con problemas económicos y habitacionales desde 2010. Además, el Consistorio municipal a finales de 2015 adjudicó la casa-escuela de Vallobil como objeto de rehabilitación del certificado de albañilería del Programa Actívate, deshaciéndose de los enseres de la familia que aun quedaban en su interior sin darles ningún aviso para que fueran a recogerlos.

Por todo ello, pedimos al Ayuntamiento de Parres, como responsable de los compromisos adquiridos con esta familia, y como responsable de garantizar el derecho a la vivienda de todos sus vecinos:

• Que pague a Pedro y su familia, al menos, la factura por los materiales y la mano de obra de la rehabilitación de la casa escuela de Vallobil que el Ayuntamiento decidió arrendarles a cambio de su arreglo y en la que nunca llegaron a residir.
• Que ofrezca una solución habitacional a esta y todas las familias que se encuentren en situación de emergencia habitacional en su localidad, cumpliendo con su deber de garantizar el derecho a una vivienda digna de todas las personas.

FOTO: Arriondas fue declarado zona catastrófica en junio de 2010 a causa de las riadas. FUENTE: Diario digital Arriondas.com. CC BY-NC-ND