El objetivo de esta iniciativa, una de las propuestas prioritarias de España durante su presidencia del Consejo de la UE, es que todos los países de la Unión apliquen a las víctimas de cualquier otro Estado las mismas medidas de protección que se hayan dictado en su país de origen; caso, por ejemplo, de una orden de alejamiento para un maltratador. A partir de ahora, por tanto, las víctimas estarán más protegidas.

La Orden de Protección, primer instrumento de reconocimiento mutuo de la Unión Europea dirigido a las víctimas, responde de manera eficaz a la necesidad de prevenir las conductas delictivas que pudiera volver a cometer un agresor contra su víctima en otro país al que ésta se hubiera desplazado, asegurando de este modo que la libertad de desplazamiento, una de las libertades básicas de la Unión Europea, no entrañe para ella una merma de su seguridad.

La aprobación de la Orden Europea de Protección ha exigido numerosos esfuerzos por parte del Ministerio de Justicia, con el apoyo también del entonces Ministerio de Igualdad y el eficaz trabajo desarrollado por las eurodiputadas ponentes Carmen Romero y Teresa Jiménez-Becerril. El primer obstáculo -motivado por las discrepancias planteadas por la Comisión- se salvó con el acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior (JAI) celebrado en junio de 2010; posteriormente, en diciembre de ese año, el Pleno del Parlamento Europeo declaró su fuerte respaldo, que ahora cristaliza con el apoyo del Consejo. 

Se logra así el resultado que España y los once estados patrocinadores perseguían: la mejor protección de las víctimas en la Unión Europea.