JUECES PARA LA DEMOCRACIA ANTE LA DIFUSIÓN DE UNA GRABACIÓN ENTRE EL MAGISTRADO SALVADOR ALBA Y UN INVESTIGADO
Ante las informaciones difundidas por los medios de comunicación, referidas a la grabación de una conversación supuestamente mantenida entre el magistrado Salvador Alba y un investigado, previa a su declaración judicial, desde Jueces para la Democracia debemos mostrar nuestra sorpresa, alarma y preocupación. Los hechos denunciados han provocado una notable inquietud en nuestra judicatura y, además, han generado una comprensible conmoción ciudadana sobre el funcionamiento de la Justicia en nuestro país.
Si se acredita la autenticidad de dicha grabación, se habría producido la manipulación de un concreto proceso penal, en unos términos que no tendrían precedentes. Sería inaudito que un juez se hubiera reunido con un investigado con el fin de preparar de forma pactada los términos y la forma de una declaración judicial posterior. Más aún, sería inadmisible que esa declaración hubiera tenido una finalidad ajena al objeto del proceso penal. Y con ella se pretendiera desmerecer la actuación de la anterior magistrada instructora, Victoria Rosell, con la finalidad de perjudicarla en un procedimiento ante el Tribunal Supremo.
Las circunstancias que rodean este asunto, resultan cuanto menos anómalas y destilan posibles intencionalidades políticas de la peor especie; tales han sido el desarrollo de una previa y llamativa investigación por parte de la Fiscalía, declarada ilegal por el TSJ de Canarias, y la emisión de un inusual informe por parte de este mismo Juez. En última instancia, la confirmación de los hechos denunciados supondría la existencia de interferencias políticas partidistas en actuaciones judiciales específicas.
Por ello, desde Jueces para la Democracia consideramos que deben activarse los mecanismos del Estado de Derecho para que estos hechos sean aclarados a la mayor brevedad. Y para que, en su caso, se determinen las posibles responsabilidades disciplinarias y penales. Valoramos positivamente que los órganos competentes del Consejo General del Poder Judicial hayan iniciado actuaciones para analizar las infracciones disciplinarias que se puedan haber cometido en el caso de que se acredite la autenticidad de las referidas grabaciones.
Debemos recordar que la función judicial ha de ejercerse con plena independencia e imparcialidad. Cualquier uso torticero de la jurisdicción supone un intenso deterioro de la credibilidad de nuestro sistema judicial. Por ello, desde Jueces para la Democracia expresamos nuestra confianza en que los órganos competentes investigarán con rigor los hechos denunciados, que revisten una enorme gravedad. Nuestro Estado Constitucional se pone a prueba cuando se pueden haber atacado sus principios esenciales, pero siempre dispone de instrumentos para que estos se mantengan.
