Asturias.-El Principado de Asturias ha anunciado este jueves que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula el reparto de la cuota de la xarda de 2015 impuesto a Asturias por el Gobierno de Rajoy. Una decisión aplaudida por el Ejecutivo del socialista Javier Fernández que considera la actitud del Ministerio de Agricultura "una grave torpeza".

   "Ésta es la tercera sentencia favorable al sector pesquero regional en contenciosos promovidos por el Principado", señalan en nota de prensa desde el Gobierno asturiano. Y es que, la Consejería de Desarrollo Rural considera que es la consecuencia de "la falta de rigor administrativo y una persecución a la flota asturiana".

   Con esta sentencia del 20 de abril se anula "la resolución del Ministerio de Agricultura que establecía la apertura de la pesquería de caballa en el año 2015 y fijaba las cuotas provinciales que, en el caso de Asturias, suponen una penalización de 462.955 kilos por la supuesta sobrepesca en 2014", dicen desde el Principado.

   "Esta medida se sumaba a la exigua cuota que le correspondía a la flota asturiana como consecuencia de un reparto asimétrico basado en una mala interpretación de los pretendidos derechos históricos en esta pesquería", añaden.

   El Ejecutivo del Principado expuso ante el tribunal que esta resolución "carecía de competencia legal, dado que el reparto de cupos por provincias se realiza por una orden ministerial y que, además, vulneraba los principios de jerarquía e inderogabilidad singular de las disposiciones reglamentarias".

   Adujo también que las sobrepescas en provincias "se compensan con los cupos de otras de la misma comunidad autónoma, lo que resulta imposible en una comunidad uniprovincial como Asturias, lo que convierte la penalización en arbitraria".

   La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera ahora "evidente la falta de motivación de la resolución ministerial, por lo que no entra a examinar el resto de motivos de impugnación".

   Así, "el recurso se estima en parte, anulando lo relativo a la cuota provincial asignada a la flota asturiana". Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo en un plazo de diez días. Además, y una vez sea firme, abre la puerta a la posible reclamación económica ante el Gobierno central de la flota de otros artes distintos al arrastre y cerco por responsabilidad patrimonial.

   El Gobierno asturiano considera que la reiteración en los motivos que han dado lugar a tres sentencias "empieza a evidenciar una grave torpeza y falta de rigor administrativos, achacable directamente al secretario general de Pesca, o una persecución contra el Ejecutivo del Principado y la flota asturiana, sospechas que no son excluyentes".

   La Consejería de Desarrollo Rural estima que un asunto de esta gravedad debería obligar a la ministra Isabel García Tejerina -o a quien la sustituya próximamente- a solucionar a un sistema de reparto "que únicamente ha dejado satisfechas a las flotas que se han visto claramente favorecidas y ha abocado a otras a la ruina económica por falta de actividad, como es el caso de Asturias y de Galicia".