Asturias.-El ex gerente de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, ha declarado este miércoles ante el Tribunal que juzga el denominado caso Marea que su empresa "nunca ha recibido trato de favor de ninguna administración" y ha añadido que "si se dirigían a ellos era por otras razones".

   Muñiz ha reiterado en numerosas ocasiones que no era su competencia autorizar facturas ni tampoco lo eran la venta de maquinaria y mobiliario. Asía ha manifestado que nunca autorizó facturas porque no era su función. En este sentido ha indicado que si bien es cierto que examinó algunas de las facturas que se incluyen en la causa no reconoce su firma en las mismas. "Hay muchas firmas diferentes pero ninguna es mía"

   "Contabilidad y facturación de Igrafo no eran de mi competencia pero es que además yo no sabría hacerlo", ha insistido el acusado que también ha negado sobornos o regalos. "En nuestra empresa nunca se han hecho liberalidades y regalos salvo que se considere una liberalidad que se invite a un café o que se entregue un calendario a fin de año", ha manifestado el acusado.

   Así, al preguntarle su abogado Miguel Valdés los motivos por los que Igrafo y Almacenes Pumarín concentraban la mayor parte de las obras y pedidos de las Consejería de Educación y de otras, el procesado ha indicado que "trabajaban bien, daban un servicio rápido y de calidad" y ha añadido que además no sólo tenían contratos con consejerías, sino también con la Junta General y con organismos dependientes del Estado y Administraciones locales.

   "Creo que no queda ninguna corporación local con la que no hayamos trabajado", ha dicho Muñiz que ha añadido que Igrafo además "hacía frente con rapidez y transparencia" a todos los cambios que les demandaban

   Preguntado por la relación de Igrafo con Almacenes Pumarín ha asegurado que la misma era "pura y duramente de competencia", mientras que la relación con Nora ha asegurado que "ni tiene ni ha tenido nunca participación en su capital".

RELACIÓN CON RIOPEDRE

   Víctor Muñiz ha manifestado que conoce al ex consejero, José Luis Iglesias Riopedre y a la ex directora general, María Jesús Otero, desde hace muchos años antes de sus cargos y ha tenido con ambos una relación muy cordial ya que "en el caso de José Luis me considero amigo personal". No obstante ha negado haber recibido un trato de favor por su parte ya que ha insistido que "el no se ocupaba de la contratación pero de todas formas puede decir que no favorecieron la contratación de Igrafo".

   Ha explicado que en 2012, con la crisis económica, Riopedre estaba preocupado por que su hijo estaba quedándose sin trabajo y le pidió ayuda. "Me hubiese encantado poder ayudarlo pero yo no conocía el mercado de ese sector", ha dicho el acusado que ha insistido en que su empresa trabajaba con Educación mucho antes de que existiese la Consejería y la Viceconsejería.

   "Hace casi hace 40 años que trabajamos con Educación", ha dicho Muñiz, que no obstante ha indicado que en el global de la empresa las ventas al departamento de educación suponían menos del 5% de la facturación ya que sólo en Asturias Igrafo tenía más de 1.500 clientes estables.

   También ha dicho que conocían a la funcionaria acusada, Marta Renedo porque llevaba mucho trabajando con la Adminsitración y por lo tanto conocía a muchos funcionarios sobre todo los que tenían algún cargo porque con ellos se tenía que relacionar. No obstante ha asegurado que con Marta Renedo nunca tuvo una relación de índole comercial y ha negado conocer a la empresa fundada por la funcionaria. Únicamente ha reconocido que Igrafo hacía patrocinios.

MATERIAL NO ENCONTRADO

   Respecto al material que supuestamente habría cobrado Igrafo pero no suministrado, preguntado por este asunto por parte de su abogado, ha explicado que en ocasiones con algunos pedidos tramitados como únicos les pedían entregarlos en diferentes lugares o que mercancía ya servida a un centro, por razones que desconoce, luego pedían que fuese trasladarla a otro centro. "A mi me daban unas instrucciones de cargar y trasladar una mercancía y lo hacía", ha dicho Múñiz, que ha manifestad desconocer a qué se debían esos cambios.

   También ha indicado que un pedido listo para servir era en ocasiones cambiado por otro más acorde a las necesidades justificando así que "es posible que hayan buscado mercancías y no las hayan encontrado". No obstante, pese a esa supuesta desorganización, Muñiz ha asegurado que "la empresa nunca facturó material no suministrado".

BIBLIOTECA PÉREZ DE AYALA

   Preguntado de manera concreta por las obras y el mobiliario servido en la Biblioteca Pérez de Ayala, uno de los proyectos incluídos en la causa, el ex gerente de Igrado ha indicado que recordaba esa obra porque "estuvo muy encima de ella hasta el final".

   Ha explicado que él no intervino en la parte administrativa porque no era parte de mi trabajo, pero sabe conozco que había un pedido y que se les metió mucha prisa porque la entonces consejera, Ana Rosa Migoya quería inaugurarla antes de elecciones.

   "Al final no hubo ningún problema, hicimos el trabajo y la consejera incluso nos felicitó por la calidad del trabajo. No me ocupé nunca de los cobros, me dijeron que se pago y punto. El cómo se pagó me he enterado a raíz de esta instrucción".

SUS FUNCIONES

   Ha negado haber ejercido como director comercial de Igrafo, una empresa "muy organizada con jefes de departamentos" y ha explicado que los tres socios fundadores tenían las mismas retribuciones. "Yo ni siquiera tenía oficina en la empresa por mi actividad de comprobar y supervisar los montajes y obras, así que necesitaba coche para desplazamientos y una tarjeta", ha dicho.

   Ha relatado la historia de la empresa Igrafo, que comenzó a trabajar en 1973 y que a finales de los ochenta empezó a hacerlo como Comercial Papelería Asturiana. Ha asegurado que carece de formación en economía y nunca ocupó el cargo de administrador de la empresa ni se encargaba de aspectos mercantiles.

   "Mi función en Comercial Asturiana de Papelería eran las relaciones con los fabricantes de mobiliario logrando a veces la concesión en exclusiva por parte de algunos fabricantes, algo muy importante por el tema de homologación", ha explicado, añadiendo que la dirección comercial de Igrafo no le correspondía, sino que era de Arturo Álvarez que se retiró a finales de 2009 y falleció meses después.

   Múñiz, que únicamente ha respondido a las preguntas de su abogado, Miguel Valdés, ha tenido que escuchar las preguntas y acusaciones de Fiscalía que ha ido detallando las conversaciones que mantenían los acusados de la trama de corrupción. Lo ha hecho en una nueva sesión del juicio que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

   Anteriormente, han prestado declaraciones los funcionarios de la Universidad y ayuntamientos acusados, mientras que el pasado lunes, han prestado declaración los también acusados Marta Renedo, el ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, la ex directora general, María Jesús Otero y la funcionaria María Paz Pendás.

   El empresario se enfrenta a nueve años de prisión y una multa de 1,5 millones de euros acusado de delitos de cohecho y falsificación, así como presunto autor de un delito de fraude, exacciones ilegales y malversación como cooperador necesario.

LA EMPRESA IGRAFO

   Comercial Asturiana de Papelería S. A. (Igrafo), la firma de papelería y mobiliario de oficina fue fundada en 1978 pero un año después de que su director gerente fuese acusado en el caso Marea tuvo que poner fin a su historia. Así, en 2012, la crisis económica y la imputación de Muñiz la abocaron al cierre.

   La decisión se tomó tras constatar que la firma ya no tiene capacidad para hacer frente a próximos pagos y que no llegaba a las previsiones de facturación previstas en el plan de viabilidad con que se resolvió el proceso concursal.