Las comunidades reclaman en el Consejo Territorial un pacto de Estado sobre dependencia

Los representantes autonómicos critican la falta de información sobre la acogida de refugiados

Madrid.-La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, ha exigido hoy la máxima urgencia al Gobierno de España para incorporar la directiva europea de contratación pública de 24 de febrero de 2014, que favorece  a las entidades de iniciativa social. “Es urgente que el Gobierno cumpla este trámite y cuente para ello con la necesaria colaboración de las entidades del tercer sector, tan importantes en el desarrollo de los servicios sociales”, ha explicado al término del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Varela, que ha planteado esta solicitud en el apartado de ruegos y preguntas de la reunión, ha recordado que el plazo para esta adaptación terminó el pasado lunes, 18 de abril, lo que considera una oportunidad perdida. A su juicio, este asunto resulta del máximo interés para las administraciones y para las propias entidades, ya que afectará directamente a todo lo referido a la contratación vinculada a los servicios sociales.

En relación con la financiación del Plan Concertado de Servicios Sociales Básico, ha señalado que un año más se afianza el recorte de la aportación económica del Ejecutivo central, que desde 2011 ha dejado de abonar a las comunidades 204 millones de euros. La consejera ha criticado la cuantía asignada al Principado en 2016 para este fin, que se mantendrá en 853.966 euros.  “La aportación del Estado a Asturias se ha visto reducida en un 68% desde 2011 y este año nos confirman la misma cantidad, cuando este plan supone un gasto de unos 50 millones, que aportamos la comunidad autónoma y los ayuntamientos”, ha precisado.

Respecto a este asunto, el consejo territorial ha visto la necesidad de elaborar una ley estatal que regule la cartera de servicios sociales básicos, de forma que los distintos territorios protejan de igual forma a sus ciudadanos cuando se encuentren en una situación de desamparo, de necesidad y de falta de recursos, como ocurre con el plan concertado.

Por otra parte, Pilar Varela ha reconocido el esfuerzo que realiza este año el Gobierno central en las políticas de infancia, puesto que Asturias recibirá 1.668.251 euros para financiar ayudas contra la pobreza infantil, cuando en 2015 la cifra no llegó a 1,1 millones.

En cuanto a la dependencia, la consejera ha explicado que, siguiendo la línea de lo que defiende Asturias, las comunidades han coincidido en reclamar un pacto de Estado sobre la Ley de la Dependencia, diez años después de su aprobación. “Los recortes de los últimos años alcanzan los 2.000 millones y todas nos vemos obligadas a financiar entre un 70 y un 80% de todas las partidas relacionadas con la atención a las personas dependientes a las que se les reconoce un derecho subjetivo”, ha señalado la titular de Servicios Sociales.

Acogida de refugiados

Las autonomías también han puesto de manifiesto su malestar ante el Gobierno central porque no se les ha tenido en cuenta en la programación de la acogida de refugiados. “Hay comunidades que se están enterando por las ONG de las previsiones que se barajan sobre la llegada de personas a sus territorios”, ha lamentado Varela, antes de criticar la lentitud con la que se está actuando en este asunto, tanto en el caso de la Unión Europea como de España.