14 de 17 comunidades autónomas han desarrollado normas para compensar los efectos del Real Decreto de 2012, pero la solución ha de ser estatal
Madrid, 20 de abril de 2016.- La Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) ha reunido, entre agosto de 2015 y marzo de este año 541 de vulneraciones del derecho a la salud, que se suman a los más de 1.500 casos documentados en el informe anterior elaborado por esta plataforma. Las barreras administrativas y la falta de información suman más de la mitad de las incidencias, seguidas por la emisión de facturas por atención en los servicios de urgencia. La mayoría de los casos se producen en los centros de salud, en los hospitales y en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por este orden.
Los datos, recogidos por las organizaciones que integran la red, incluyen incumplimientos de la propia normativa, como demuestran los 36 casos de niños y niñas a quienes se les ha denegado la tarjeta sanitaria, las 47 incidencias en urgencias -por negación de asistencia o por intento de cobro de ésta y las 28 mujeres embarazadas que no han conseguido acceso a tratamiento o seguimiento de su gestación. Quienes sufren los efectos de esta norma proceden de países latinoamericanos (49%) y comunitarios (22%), seguidos de los subsaharianos (13%).
Cuatro años después de la aprobación de la reforma que acabó con la sanidad universal en España, el problema sigue siendo la vigencia de esta norma arbitraria e injusta. Una norma que ha sido contestada desde el ámbito sanitario, criticada por organismos internacionales y rechazada de facto por 14 de las 17 autonomías españolas, que han aprobado algún tipo de medidas "paliativas" para contrarrestar sus efectos. A pesar del carácter positivo de estos avances, el hecho cierto es que las comunidades autónomas carecen de competencia para revertir la profunda modificación de nuestro sistema sanitario que supuso la reforma de 2012. Es decir, no pueden devolver el derecho humano a la asistencia sanitaria arrebatado por el actual gobierno, ahora en funciones, a más de 800.000 personas.
La soledad del Partido Popular defendiendo la exclusión
Tras la campaña electoral de diciembre de 2015, ha quedado evidenciado que el partido actualmente en el gobierno está cada vez más aislado defendiendo la exclusión sanitaria. Lo está respecto a otros partidos y respecto al poder territorial. De hecho, numerosos municipios y entidades regionales se movilizarán en este 4º aniversario de la aprobación del Real Decreto Ley, promoviendo mociones en ayuntamientos (La Coruña, Santiago, San Sebastián, Bilbao, Vitoria, Huesca, Toledo o Santander, entre otros), Proposiciones No de Ley en parlamentos autonómicos (como los de Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña o Navarra) y convocando concentraciones de protesta ante algunos consistorios, como Madrid y Barcelona.
Las grandes olvidadas
Las personas en situación regular que han llegado a España en los últimos cuatro años a través de un proceso de reagrupación familiar se encuentran en un laberinto jurídico. Son ancianas, con hijos o hijas residiendo legalmente en el país, a las que se les deniega la tarjeta sanitaria en virtud de la reforma de 2012. Estas personas, cuyos escasos recursos y débil estado de salud les impiden suscribir seguros privados, se quedan absolutamente al margen del sistema sanitario, sin acceso a servicios que les son imprescindibles. En este momento, REDER tiene identificadas al menos 20 personas de avanzada edad siguen sin poder acceder de forma normalizada a la atención sanitaria pública, con el consiguiente sufrimiento y riesgo vital que ello conlleva.
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Testimonio de Rodolfo Sopo- Duración: 3 minutos, 52 segundos.
Quién forma REDER
REDER es una red de colectivos, movimientos, organizaciones y personas implicadas en la defensa del acceso universal a la salud y la denuncia de su cumplimiento. Forman parte de REDER 300 miembros (personas a título individual y organizaciones sociales), como la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), Médicos del Mundo, el Observatorio del Derecho Universal a la salud de la Comunitat Valenciana (ODUSALUD), Andalucía Acoge, la Plataforma Salud Universal Aragón, la Plataforma Per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (PASUCAT), la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), la Federación de Asociaciones por la Sanidad Pública (FDASP), CESIDA, la Asociación de Refugiados e Inmigrantes de Perú (ARI-PERÚ) o la Red Transacional de Mujeres (NetworkWoman). Más información: www.reder162012.org