Los 'represaliados' del PP gijonés piden la dimisión o cese de Mercedes Fernández por "escandalosos amaños" en el partido. Somió-Cabueñes, Deva-Corrida, Uría-Tragamón, la presidenta no logra la Paz anunciada en la mayor bolsa de votos de la Comunidad Autónoma .

Gijón (E.P.).-   Los cinco ex concejales del Partido Popular de Gijón del anterior mandato, Manuel Pecharromán, María Teresa Menéndez, Francisco Rodríguez, Gabriel Díaz y Raquel Vega han pedido este viernes la dimisión o cese de la presidenta del partido en Asturias, tras la reciente sentencia del Juzgado de Primera Instancia Número 11 de Gijón en la que se anula el Congreso local interno, celebrado el 7 de febrero de 2015. Es la segunda vez que se anula un Congreso local.

   "Hoy nuevamente se demuestra que la mayor incapacidad es la demostrada reiteradamente por Mercedes Fernández como responsable última de los escandalosos amaños ejecutados en el Partido Popular de Gijón", suscriben en un comunicado.

   La sentencia, según ellos, prueba que se han violado reiteradamente los derechos constitucionales de los afiliados y las leyes que regulan el funcionamiento de los partidos políticos tanto en su organización democrática como en su financiación.

   Han recordado, en este sentido, que los Estatutos del Partido Popular establecen como infracción "muy grave" atentar contra cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución y que las dos sentencias publicadas recogen esa vulneración en ambos procesos electorales. La citada infracción puede suponer la expulsión del partido y, por tanto, no puede tolerarse que esa forma de actuar quede impune.

   Para ellos, la conducta de Fernández "deteriora su imagen como responsable político, pero sobremanera y eso es lo importante, perjudican gravemente al PP no solo en Gijón sino en toda Asturias". "Quien vulnera las leyes y los derechos de los afiliados, quien protagoniza este modo de proceder no puede seguir siendo la responsable de dirigir al Partido Popular en Asturias", han sostenido sobre la continuidad de Fernández al frente del PP asturiano.

   En el escrito, recalcan que el magistrado, en su sentencia, incide en que el número de avales exigido era superior al máximo previsto, lo que "vino a constituir un obstáculo injustificado al derecho de participación política de los afiliados, que debe conducir a la nulidad del proceso".  A esto han sumado que, como consecuencia, todo lo acordado por las "ilícitas" juntas locales, de los dos congresos anulados, son "nulos".

RECOMPENSAS

  Asimismo, critican que, tras la primera anulación del primer Congreso, Fernández, lejos de enmendar su comportamiento, decidió premiar con sueldos y cargos a los que colaboraron con ella en la ejecución del mismo. "No se les apartó ni se les reprendió, sino que se les recompensó", han destacado.

   Como ejemplos, han citado a David González Medina, quien había sido elegido presidente en el primer congreso, y que tras su anulación hoy día es diputado autonómico. También han mencionado a Luis venta Cueli, que consiguió la Secretaria General del PP de Asturias y el acta de diputado autonómico, Manuel del Castillo e Isabel Casielles, que fueron contratados como asesores del Grupo Popular en la Junta General del Principado, Pablo González, que fue elegido concejal en Gijón, y Dorinda García, que pasó a ser también empleada del Grupo Popular.

   "Son solo seis ejemplos de personas significadas pero hay muchos más, porque la realidad es que en vez de apartar a los ejecutores de aquel atropello los premió, porque realmente cumplían fielmente sus órdenes", han sostenido.

   También hacen mención a "la clara incorrección del Censo de Afiliados y su falta de fiabilidad en orden a reflejar su correspondencia con la realidad de la afiliación del Partido". Un censo, establecido por el partido en 3.526 personas, pero que incluía 146 censados fallecidos en el momento de la convocatoria del Congreso, además de que solo 947 estaban al corriente de pago.

   Según los ex ediles, debería de ser esa cifra, la de 947, la que debía haber determinado los avales necesarios para poder presentar candidatura, lo que supondría 142 afiliados frente a los 500 exigidos "de forma ilícita".  En este punto, han llamado la atención sobre que si el censo real era de 947 afiliados no podría haber habido más de una candidatura que tuviera 500 avales.