Organizaciones ecologistas y del sector de las renovables  han enviado hoy una carta al presidente del Gobierno en funciones Mariano Rajoy para expresar su preocupación por la situación de indefensión a la que el Ejecutivo some a gran parte de los autoconsumidores de energía eléctrica el próximo lunes día 11 del impuesto al sol.

Las entidades firmantes, consideran que se penaliza a quienes pusieron en marcha instalaciones de autoconsumo eléctrico para sus hogares o negocios, algo que contribuye a la lucha contra el Cambio Climático y al cambio de modelo energético del país.

Si nada lo remedia, desde el próximo 11 de abril, miles de instalaciones de autoconsumo en España podrían entrar en un limbo legal de difícil solución, de acuerdo con lo establecido por la normativa que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy, la más restrictiva del mundo. El texto legal fija esa fecha como límite para que todos los autoconsumidores que tuvieran una instalación anterior a la entrada en vigor del real decreto se adapten a su articulado bajo amenaza de ser declarados ilegales y exponerse a multas de hasta 60 millones de euros, además de tener que pagar el injustificado 'impuesto al sol'.

Las organizaciones firmantes denuncian además que el propio Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que fraguó el Real Decreto contra el autoconsumo y sus sanciones, está impidiendo ahora que esas instalaciones cumplan con las obligaciones que él mismo ha establecido, ya que a pocos días para que finalice el plazo fijado para registrar las instalaciones existentes a la fecha de aprobación del decreto, Industria aún no ha detallado cómo cumplir con las complejas exigencias técnicas y administrativas requeridas para modificar las instalaciones, por lo que deja a todos los autoconsumidores en una grave indefensión. Las compañías eléctricas, por su parte, mantienen criterios distintos en cuanto a la aplicación de las normas de conexión. 

Asimismo, las entidades piden al presidente en funciones que resuelva el caos creado por el ministro José Manuel Soria y obligue a que el Consejo de Ministros a que acuerde una ampliación del plazo, al menos hasta final de año, para que estos autoconsumidores no se vean ilegalizados y expuestos a multas multimillonarias a causa de la falta de previsión del Ministerio de Industria.

Por otro lado, las organizaciones firmantes denuncian una vez más que, en el país del sol, carece de sentido poner trabas a que la ciudadanía pueda producir su propia electricidad con una fuente renovable, abundante y barata, y que además podría reducir nuestra dependencia energética, generar energía de forma sostenible y descentralizada, y fomentar la creación de empleo y la economía ciudadana. Por este motivo, resulta incomprensible que el ministro Soria siga obstinado en proteger los intereses de las grandes empresas eléctricas.

Por último, cabe destacar que el decreto de autoconsumo contradice las últimas comunicaciones de la Unión Europea, que remarcan que el papel de una ciudadanía activa y comprometida será imprescindible en el proceso para alcanzar la necesaria transición energética. La normativa española, sin embargo, está en las antípodas de este propósito, al impedir cualquier posibilidad de llevar a cabo nuevos proyectos de producción energética en manos de las personas.

Lista de organizaciones firmantes