Pocos minutos después de las diez de la mañana arrancaba en la sección tercera de la Audiencia el juicio por el denominado Caso Marea, la mayor trama de corrupción de la Administración asturiana investigada. Lo hacía con la intervención de la fiscal que ha solicitado la anulación de las últimas pruebas documentales aportadas por el Principado sobre obras en colegios de la región que incrementarían la responsabilidad civil de los acusados al subir el supuesto daño causado a las arcas regionales.

   A la petición de la fiscal se han sumado la totalidad de los abogados de los trece acusados. Tanto fiscal como abogados de la defensa se han mostrado muy críticos con la decisión del Principado y han considerado que la Administración regional "ha tenido seis años para aportar dicha documentación que no ha sido aportada hasta hace días.

   Por ello han indicado que "se está generando indefensión" de los acusados al carácter la defensa de tiempo material para analizar tales pruebas documentales.

   Así, la defensa de la que fuera directora de Planificación, María Jesús Otero, ha sido especialmente crítica con el Principado y ha indicado que "en reuniones que se han celebrado y tan pomposamente ha negado el consejero" de Presidencia se reclamó contar con esa información".

   Otra de las coincidencias alegadas por buena parte de las defensas ha sido la petición de la nulidad de las intervenciones telefónicas que consideran no han estado justificadas ni se han adecuado a derecho en buena parte de los casos. Lo mismo han considerado de algunos de los registros domiciliarios, como en el caso del ex consejero José Luis Iglesias Riopedre.

   El abogado de la defensa de la funcionaria, Marta Renedo, José Carlos García, ha pedido también la nulidad del registro de su despacho y su ordenador, al considerar que no se han respetado las garantías de la custodia de los mismos.

   Además han sido varios los abogados de la defensa que han coincidido en señalar que "estamos ante dos casos diferentes", por una parte el que tiene que ver con la funcionaria Marta Renedo y por otra el que se refiere a José Luis Iglesias Riopedre y María Jesús Otero.

   "La mejor prueba de que estamos ante dos procedimientos es el escrito del fiscal. Son dos hechos diferenciados sin conexiones entre sí, con delitos que tampoco están conectados", ha manifestado Miguel Valdés, abogado del empresario Víctor Manuel Muñiz (Igrafo).

   Y es que para buena parte de los letrados de la defensa "estamos ante una de las instrucciones más caóticas, extravagantes e incluso exóticas", en palabras del abogado Javier Díaz Dapena que defiende al también empresario Alfonso Sánchez, ex gerente de Almacenes Pumarín. "una instrucción caótica y personalista", ha añadido.

   Estas palabras fueron corroboradas por otros abogados, como el de la defensa de Marta Renedo, José Carlos García, que ha indicado que "ha sido una instrucción en la que todo daba igual"

   Otras de las cuestiones planteada en esta primera sesión de consideraciones previas ha sido la petición del abogado de Víctor Manuel Muñiz de llamar a declarar como testigo la que fuera responsable del Instituto Adolfo Posada para que explique el "caos existente" en la compra de materiales y muebles en el periodo anterior a 2009.

   Los letrados han lamentado también el "circo mediático" al que el caso ha sido sometido en estos últimos seis años, y alguno de ellos se ha opuesto a que se ofrezca señal del juicio para los medios audiovisuales.

TRECE ACUSADOS EN EL BANQUILLO

   El caso Marea sienta en el banquillo a trece acusados para los que se piden penas que suman los 57 años de cárcel. Entre ellos está el que fuera consejero de Educación del Principado con el Gobierno de Vicente Álvarez Areces, José Luis Iglesias Riopedre y su entonces directora General de Educación, María Jesús Otero. A ambos se les acusa de favorecer a los empresarios Víctor Manuel Muñiz --Igrafo-- y Alfonso Carlos Sánchez --Almacenes Pumarín-- a cambio de sobornos.

   Acusados de delitos continuados de prevaricación y cohecho se piden diez años de prisión para Riopedre y once para Otero. Por su parte los empresarios se enfrentan a una pena de nueve años de prisión.

   La funcionaria Marta Renedo por su parte se enfrenta a 10 años de cárcel por delitos continuados de falsificación documental, malversación y cohecho. A Renedo se le acusa de apropiarse de 1,4 millones de euros adjudicándose contratos, con regalos y sobornos de las empresas de los también acusados Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Sánchez.

   Tras Renedo declarará el empresario Maximino Fernández, ex gerente de ASAC Comunicaciones, para el que el Fiscal pide cuatro años de cárcel al estar acusado de "cobrar irregularmente del Principado y pagar luego a Marta Renedo por trabajos no hechos".