Por Pablo Garrigós Cucarella

periodismohumano.com

Valentina Chicu vivió ayer, posiblemente, las cinco peores horas de su vida. Pasadas las seis y  media de la mañana, siete furgonetas de la Policía Nacional, con aproximadamente cuarenta agentes, empezaban a rodear su casa y establecer un perímetro de seguridad. Su objetivo: “hacer viable el proceso de ejecución hipotecario que el Banesto había iniciado unos días antes bajo orden del juzado”. Así es, Valentina, natural de Rumanía, iba a ser desahuciada apenas unas horas más tarde. Pero no estaba sola.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca convocaron días antes un acto de protesta para evitar el desahucio pero sobre todo, para conseguir una prórroga de un mes como contempla la ley con la finalidad de encontrar una vivienda social para Valentina. Otra opción en la que se estaba trabajando era negociar con el banco y el Ayuntamiento de Sagunto que Valentina pudiera seguir en su casa bajo régimen de alquiler social, bajo tutela de la administración local. Sin embargo, estos argumentos y acciones no fueron suficientes.

Unos 50 manifestantes se sorprendieron y se indignaron por el despliegue policial dado que “con lo que cuesta tener a tantos polícias custodiando una casa se podría pagar el régimen de alquiler social de Valentina, pero de todas maneres, el despliegue es más que desmesurado. Ni que fuera una terrorista”, señaló Miguel, uno de los activistas congregado. Tras intentar negociar sin éxito con el jefe de policía para que una representación subiera a hablar con Valentina para “informarla y tranquilizarla”, según explicó Yolanda Prats de PAH-Valencia, los manifestantes realizaron un cordón humano para localizar la comitiva judicial a su  llegada y abrir vías de negociación. Pero, sin que lo supieran, iba a ser una mañana de muchas sorpresas.

Dos de los tres miembros de dicha comitiva estaban dentro de los furgones políciales esperando al procurador del Banesto. Hecho del que no ser dieron cuenta hasta que fue demasiado tarde. No obstante, el procurador sí que llegó andando y las dos representantes de la PAH-Valencia, Yolanda Prats y Adoración Gaumán, salieron a su encuentro para pactar alguna de las dos soluciones antes comentadas. El representante de la entidad bancaria acceptó hablar con su superior aunque la llamada más bien fue para comunicarse con la Policía. En unos segundos, un par de agentes lo metieron en un furgón que bloqueaba la entrada para pasarlo al lado custodiado.

Valentina es víctima de violencia de género y hace unos meses recibió una ayuda de 5.000 euros por parte de la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana.
Esta ayuda llegó a la cuenta bancaria de Valentina cuando la ejecución hipotcaria ya estaba en marcha y el banco la tomó, sin mediar palabra, para recuperar parte de su inversión dejándola sin recursos, denuncia Garzó.

Así, pasadas las ocho de la mañana, hora oficial del desahucio, los cerrajeros comunicaron al jefe de Polícia que no podían abrir la puerta porque estaba bloqueada. Varios miembros de la PAH habían conseguido entrar en casa Valentina a través de una finca de al lado. Acto seguido, ocho agentes repitieron la acción para acceder al edificio y desbloquear la puerta principal. Comitiva judicial, cerrajeros y las cuerpos de seguridad del Estado llegaron a la casa de la afectada y se encontraron con una barricada que bloqueaba la entrada. Por segunda vez, los técnicos no pudieron abrir la vivienda y fueron los policías, para “velar con el cumplimiento de la ley”, quienes tumbaron la
puerta con maza y arite, según testigos presenciales. Minutos despúes, tanto Valentina como los activistas fueron identificados y retenidos contra su voluntad por “desobediencia y resistencia a la autoridad”, relata Roser, una de las chicas que consiguió acceder a casa de Valentina.

“Ha entrado un séquito de policías. Nos han empujado y nos han sacado fuera para registrar el piso y comprobar que no había nadie. Nos han retenido por delito de resistencia y desobediencia a la autoridad, lo que es totalmente falso ya que no hemos hecho nada. Les he dado mi carné de conducir y me han dicho que no era una identificación cuando es mentira, la ley permite que te identifiquen con DNI, pasaporte o carné de conducir y defendían que era para multarnos”, cuenta Roser, con voz aún temblorosa y visiblemente afectada.

Una vez fuera, el temple serio que desde primera hora de la mañana había mostrado Valentina se derrumbó. “Está desolada. La han humillado y vulnerado sus derechos. Hecha polvo, como lo estaríamos cualquiera de nosotros si nos echaran de nuestras casas y nos dejaran sin nada”, defiende Garzó.

Sobre las nueve y media la comitiva judicial se alejaba con gritos y críticas a su actitud “despótica y deprimente, falta de dignidad humana” mientras que los concentrados se preparaban para dirigirse a la concejalía de servicios sociales con el objetivo de encontrar una solución para Valentina. Tras dos horas de reunión con Davinia Bono, regidora de esta area, se consiguió una ayuda para la víctima de 600 euros para un alquiler, siempre y cuando presente un justificante de pago.

Sin embargo, desde la PAH califican la solución de “parche”. “El consistorio, como entidad pública, debe intervenir para defender y velar por el cumplimiento de los derechos de sus ciudadanos, y el derecho a la vivienda es uno. Por ello, pedimos que se le de a Valentina una vivienda social, en régimen de alquiler con arreglo a sus ingresos. Además, la situación va a empeorar porque la crisis y los impagos ya están afectando a las clases medias y los bancos no van a parar”, concluyen desde la Plataforma.

Valentina ha acabado uno de sus peores días sin casa, sin ayuda por ser víctima de violencia de género, y con una bolsa económica de 600 euros para un alquiler, si lo consigue. Mientras, tendrá que vivir en la calle o en casa de algun amigo. Además de tener una deuda pendiente de 80.000 euros con el banco. Mientras en el término municipal de Sagunto, por ejemplo, hay más de 10.000 viviendas vacías y 14.000 en construcción, más las que están desahuciando