Madrid.-El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy (miércoles, 30 de marzo), a propuesta conjunta de los grupos de Ahora Madrid y PSOE, la constitución de una Comisión no permanente de Investigación sobre la deuda municipal, que analizará la gestión y el origen de la misma. La propuesta ha contado con el voto a favor del grupo municipal Ciudadanos.

La deuda del Consistorio madrileño pasó de 990 millones de euros a finales de 2000 a 7.733 millones en 2012, “alcanzando el dudoso honor de ser el Ayuntamiento más endeudado de España”, según han denunciado el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y la portavoz socialista, Purificación Causapié.

Analizar la gestión y el origen del endeudamiento municipal, evaluando los impactos económicos de las decisiones políticas más relevantes y estudiando los procedimientos y sistemas de control llevados a cabo, será el cometido principal de la Comisión.

Este organismo, además, prestará especial atención a la contratación del sector público municipal: la realizada por las empresas municipales, organismos autónomos y Ayuntamiento durante los tres últimos mandatos y, específicamente, aquellas operaciones que supusieron sobrecostes o que pudieron ser lesivas para la propia Administración y los intereses generales.

La Junta de Portavoces determinará el número de concejales que forman la Comisión, cuyos acuerdos se adoptarán en función del criterio de voto ponderado. La Comisión elegirá a su presidente o presidenta en su sesión constitutiva.

Para hacer frente a las exigencias impuestas por la Administración del Estado, el Ayuntamiento llegó a destinar 1 de cada 3 euros del presupuesto a pagar la deuda municipal, mientras la ciudadanía sufría subidas de impuestos y recortes de servicios.

Sobrecostes desorbitados
Para los grupos municipales de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos, una de las explicaciones vinculadas a esta evolución de la deuda pública municipal es el “desorbitado incremento de los sobrecostes derivados del sistema de contratación pública, ejercido con especial relevancia en las empresas municipales, a las cuales se ha recurrido con frecuencia en busca, previsiblemente, de la huida del derecho administrativo”. Estas empresas municipales –hasta la Ley de Contratos del Sector Público de 2007– quedaban sujetas a derecho privado y, por tanto, eran ajenas a cualquier tipo de control municipal, ejerciendo un poder de decisión total donde no tenía cabida la contención en el despilfarro del dinero público”.

Mercamadrid, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), Caja Mágica o Madrid Espacios y Congresos (Madridec) constituyen un ejemplo de cómo se han manejado los recursos del Ayuntamiento, “donde el despilfarro y los sobrecostes han sido una práctica demasiado habitual” a juicio de los grupos que suscriben la proposición.

Prácticas irregulares, cláusulas abusivas, condiciones lesivas para los intereses municipales y una deficiente gestión generalizada, que obligaron a un plan de reestructuración del sector empresarial municipal, “no sin antes haber llevado a graves dificultades de solvencia a la EMVS y a la práctica quiebra y posterior liquidación a Madridec”. Dicho plan supuso la asunción por parte del Ayuntamiento de la deuda financiera de Madrid Espacios y Congresos, S.A. (265.623.495,83 euros) y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, S.A. (233.773.499 euros). Gastos injustificados o dudosos también en la ampliación de Mercamadrid, que ascendió a 77 millones de euros y cuya utilidad ha sido nula, o las facturas de electricidad de Madrid Calle 30, por importe de casi 50 millones.

Son sobrecostes en la contratación, unas veces conocidos y justificados y otras no tanto, incluso ocultados al control y fiscalización de la oposición, como ocurrió con la construcción de Caja Mágica, que finalmente salieron a la luz por la demanda judicial interpuesta por la empresa contratista y que el Ayuntamiento tuvo que resolver con un reconocimiento extrajudicial de crédito.

La propuesta defendida por Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos denuncia también operaciones inmobiliarias ruinosas, obras inacabadas y compra-venta de edificios municipales que buscaban financiar a un Ayuntamiento incapaz de seguir endeudándose mientras incrementaba los impuestos, al tiempo que recortaba derechos sociales y laborales y suprimía planes, programas y prestaciones de servicios municipales./