El análisis, en el que se han evaluado 110 consistorios españoles, además de 17 gobiernos de comunidades autónomas y 19 parlamentos, sitúa al consistorio de la capital asturiana como "uno de las 29 administraciones locales que cumplen con la obligación legal de publicar sus contratos y licitaciones en la plataforma de contratación del sector público", según informa el Ayuntamiento en una nota de prensa.

   La organización no gubernamental, que se dedica a combatir la corrupción, subraya "la importancia de que todas las instituciones públicas satisfagan en el menor plazo posible esta obligación legal, de cara a un aumento de la transparencia y la mejora de la eficiencia económica global".