En el momento de los hechos, el acusado era personal laboral fijo en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, con la categoría de técnico superior, y estaba adscrito a la Unidad Orgánica Comisaría de Aguas. Entre sus funciones estaba el análisis de la documentación y proyectos presentados, la emisión de los correspondientes informes en los expedientes de concesión y modificación de características de aprovechamientos hidroeléctricos, y labores de apoyo en el seguimiento y control de esos aprovechamientos, según informa la Fiscalía en una nota de prensa.

   El Ministerio Fiscal sostiene que, entre los años 2010 y 2012, se puso en contacto con diez personas, a las que conocía por razón de su cargo, en algunos casos para solicitarles dinero a cambio de emitir informes favorables en expedientes abiertos en la Confederación.

    En otros les pedía dinero alegando una mala situación económica. Algunas de esas personas le pagaron en la creencia de que el dinero obedecía a tasas necesarias para la tramitación. En uno de los casos, y como la persona con la que se puso en contacto el acusado se negó a pagarle la cantidad que le pedía (6.000 euros), llegó a llamarle unas 30 veces, tanto desde su móvil como desde un teléfono fijo de la Confederación Hidrográfica. En total, el acusado llegó a conseguir casi 17.000 euros.

   La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de cohecho y de un delito de estafa, y solicita que se condene al acusado a un total de 5 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 20 meses con una cuota diaria de 8 euros (4.800 euros), con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, inhabilitación especial para el ejercicio de su cargo durante 7 años, abono de las costas procesales y pago de las correspondientes indemnizaciones a los perjudicados, que suman 16.900 euros.