Desde la Asociación Profesional de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (A.VI.S.P.A.), mostramos nuestro total y absoluto apoyo al F.A.P.A.S. como organización conservacionista, así como a su máximo responsable, su Presidente Roberto Hartasanchez, rechazando, de la manera más enérgica y contundente posible, las acusaciones vertidas por parte de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Quirós y del propio Alcalde, D. Ovidio García; no se pueden tolerar intimidaciones, amedrentamientos, amenazas y presiones por parte de responsables políticos hacia entidades o asociaciones, las cuales sólo desarrollan su trabajo en la protección de los ecosistemas naturales y  sus especies, bajo la más estricta legalidad según las normativas reguladoras en vigor.

Lo más grave aún de esta insólita y esperpéntica situación es que, además, el concejo de Quirós forma parte del Parque Natural de Las Ubiñas la Mesa siendo a su vez Reserva de la Biosfera;  e incluso el propio alcalde Ovidio García, es miembro del Consejo Asesor del Plan de Recuperación del Oso pardo en Asturias.

Es la Administración la primera que tiene que cumplir, y hacer cumplir, la normativa reguladora y resto de normativa concordante; tiene obligación de cumplir y hacer cumplir la legislación en vigor, y no “amparar” la comisión de presuntos actos delictivos en su término municipal, como son las acciones de furtivismo que parece pretenden encubrir. Precisamente deberían colaborar con todas aquellas entidades, organizaciones o profesionales que prestan su labor diariamente para erradicar esas prácticas furtivas, tal y como hacen diariamente los Agentes Medio Ambientales; el personal operativo de Seguridad Privada, los Guardas Rurales y sus especialidades: Guardas de Caza y Guarda Pesca Marítimos; así como la Guardia Civil a través del SE.PRO.NA.

El Código Penal contempla como delito la caza furtiva, pero son pocos los cazadores furtivos que acaban entre rejas: las autoridades y los vecinos miran para otro lado, y estas acciones, desgraciadamente, casi siempre suelen quedar impunes.

Pero en realidad es mucho más que eso porque detrás de esta práctica se esconde un lucrativo negocio manejado por personas sin escrúpulos -en algunos casos, los propios cazadores- o por grupos organizados que buscan obtener "trofeos" -cuernos, colmillos, cabezas o el cuerpo entero para disecar- de ciertos animales para su venta en un mercado, por lo que se ve, bastante floreciente.

El artículo 334.1 del Código Penal (ver anexo) contempla como delito, penado hasta con 2 años de privación de libertad y retirada del permiso de caza durante 4 años, la caza de animales en peligro de extinción o de especies protegidas, penas que se agravan si los hechos son cometido en el interior de Parques Naturales. Pero son pocos los furtivos que acaban entre rejas.

El furtivismo, no es más que un “puro vicio”; el “furtivismo de trofeos” y la “gravedad” del hecho de que la caza ilegal se haya instalado en el ámbito de las mafias con el lucro como único fin.

El furtivismo se incluye dentro de los delitos medioambientales, cuando en realidad también deberíamos estar hablando de un delito de carácter patrimonial, y que ocasiones,  más bien tiene que ver con la economía de los cotos y la irresponsable gestión de los mismos por parte de algunas Sociedades de Cazadores en Asturias.

Hay que partir de la base que las administraciones públicas tienen la obligación legal de actuar conforme a un principio de coordinación, eficacia. Obvia decir que la razón de ser de la Administración es la de administrar, dar servicio a los ciudadanos y proteger su patrimonio ambiental. La legislación no tiene otro objetivo que ordenar para garantizar el bienestar de la ciudadanía y el interés general. Con frecuencia se ha utilizado el interés general, como un cajón de sastre, que ha justificado cualquier actuación de la administración. El desarrollo legislativo en materia de caza no ha respondido a una planificación ni a una visión general. Antes al contrario, la dejación y la falta de claridad sobre las competencias de la Administración en la materia, la falta de coordinación y el individualismo, ha dado lugar a un enjambre de normas administrativas que en muchos casos ponen en cuestión la imprescindible seguridad jurídica que debe regir las relaciones entre los particulares y las administraciones.

Debe, por lo tanto, el Ayuntamiento de Quirós, sus Grupos Municipales con el  Alcalde a la cabeza, dar soluciones a esta lacra que supone el furtivismo en su territorio, adoptar las medidas correctoras que estén a su alcance, y no “perseguir” a ciudadanos, colectivos o asociaciones y sus responsables con falsas e injuriosas manifestaciones, aprovechándose de su posición para despilfarrar recursos económicos de todos los contribuyentes.