Asturias también tuvo al Impuesto de Sociedades como principal lastre de la recaudación, pues desde el inicio de la crisis se dejaron de ingresar 2.778 millones por este concepto, lo que supone casi el 90% de la pérdida tributaria total en el Principado. No obstante, los ingresos por IVA e IRPF, a pesar de sufrir también descensos, no cayeron en la misma proporción gracias en parte a las subidas impositivas de 2010 y 2012.

   La autonomía que más ingresos tributarios perdió en este periodo fue Catuluña, que dejó de ingresar 63.545 millones, una cuarta parte del total de la pérdida recaudatoria del Estado, que ascendió a más de 253.000 millones, seguida de Madrid y la Comunidad Valenciana.

   Por el contrario, excluyendo la recaudación estatal de País Vasco y Navarra a las que habría que añadir los ingresos correspondientes a sus regímenes forales, Extremadura, con 1.765 millones recaudados menos, y La Rioja, con una pérdida total de recaudación de 2.161 millones, son las comunidades que se vieron impactadas en menor medida.

SOCIEDADES, EL IMPUESTO 'PERDIDO' EN ESPAÑA

   Las medidas aprobadas en 2011 y 2012 para limitar la deducción de algunas partidas en los pagos a cuenta de las grandes sociedades no se han acompañado de ninguna otra para aumentar la carga real de las empresas, por lo que las mayores cantidades que se ingresan a cuenta un año se descuentan al presentar la declaración al año siguiente, neutralizando el impacto recaudatorio, según resaltan los Técnicos de Hacienda.

   Así, a diferencia de la recaudación del IVA y el IRPF, que recuperan los niveles previos a la crisis gracias a los aumentos impositivos de 2010 y 2012, la recaudación del Impuesto de Sociedades se derrumbó desde 2007 siendo un 58,2% menor en 2014.

   Según Gestha, este desplome de casi el 60% del Impuesto de Sociedades no se puede explicar sólo por la crisis sino por el fraude y la elusión, como demuestra la desigual carga fiscal media de las grandes empresas y multinacionales que es del 6% del resultado que contabilizan obtenido en España frente a la que soportan las pymes sobre sus beneficios (un 14,9%). Y es que las grandes corporaciones pueden acceder a servicios de asesoría internacional muy especializada y aprovechar al máximo todas las posibilidades para reducir su factura fiscal, en ocasiones bordeando o sobrepasando la legalidad.