En el texto, que recoge Europa Press, el diputado canario critica que "con frecuencia" la financiación de las comunidades autónomas haya sido utilizada como "instrumento al servicio de equilibrios e intereses políticos" en lugar de responder a "criterios objetivos de búsqueda de equidad y suficiencia financiera".

   Algo que, a su juicio, sucedió en la última revisión del modelo, en 2009, cuando se introdujeron en el sistema "ponderaciones" para repartir los fondos que atendían a "criterios políticos" y que "beneficiaron netamente a unos territorios y perjudicaron a otros", entre los que se cuenta Canarias.

   Y es que, según NC, la región pasó de tener un índice de financiación per capita del 100,4% en 2002 al 94,5% en 2007 por la poca flexibilidad del sistema para adaptarse al aumento poblacional y caer hasta el 93,9% en 2009, por la aplicación inicia de los nuevos criterios de reparto de fondos.

SERVICIOS MAS CAROS

   De este modo, el déficit anual de financiación de Canarias ronda los 600 millones de euros, según calcula Quevedo, que recuerda además que el coste efectivo de la prestación de servicios como la sanidad, la educación o los servicios sociales es hasta un 16% superior en territorio insulares que en territorios continuos.

   "Por tanto, el sistema de financiación autonómico aprobado en 2009 es injusto para Canarias. Genera injusticia y genera maltrato para Canarias", lamenta el diputado, subrayando que la infrafinanciación resulta "más grave aún" en momentos de grave crisis económica como el actual, que provocan una caída de los ingresos y un aumento de la demanda de servicios y ayudas sociales.

   Por eso, Pedro Quevedo considera "trascendental", "esencial" y de "especial urgencia" para las islas que se afronte "cuanto antes" la reforma del sistema de financiación autonómico en aras a que Canarias se sitúe "como mínimo en la media" de las regiones del sistema común o, mejor aún, que la distribución sea "justa con Canarias", es decir, superior a la media.

   Y, para conseguirlo, quiere que el Congreso emplace al Gobierno a emprender "de manera urgente" esta reforma para garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales en todas las comunidades y en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos, y que la distribución de los recursos se haga "de manera finalista" para "garantizar los servicios públicos fundamentales".