El individuo ha reconocido este lunes los hechos ante un juzgado de Oviedo, aceptando una condena de 6 meses de prisión y 2 años de inhabilitación especial para ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga que ver con animales. Al aceptar la condena, el juicio no ha llegado a celebrarse.

   Según el relato del fiscal, el acusado, al menos desde el mes de octubre del año 2009, poseía un animal de la especie Pantera Tigris, concretamente un tigre hembra, al que, incumpliendo las normas más elementales para su adecuado cuidado, así como la práctica totalidad de las obligaciones legales para la tenencia del mismo, lo tenía ubicada en una jaula de cinco por tres metros situada en la parte trasera de su taller mecánico, en Las Rozas (Cangas de Onís).

   El Seprona tuvo conocimiento de la situación y, el 14 de noviembre de 2009, realizó una primera inspección, tras la cual presentó una denuncia ante la Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias.

    Tras esa inspección inicial, el Seprona realizó otras, los días 3 de mayo de 2013 (tras la que se elevaron 5 nuevas denuncias frente a la Consejería) y el 30 de julio de 2014 (en la que se comprobó la muerte del animal).

   Por su parte, el 12 de julio de 2013, el Principado realizó una inspección a las instalaciones, donde se comprobaron incumplimientos en la tenencia del animal. Tras esta inspección se realizaron otras en fechas 7 de agosto de 2013, el 23 de agosto de 2013 y otra más en la que se comprobó que la tigresa había fallecido.

   Dentro del procedimiento administrativo, se inició el 8 de enero de 2014 un procedimiento sancionador frente al acusado, tras lo cual, el 17 de febrero se dictó pliego de cargos, el 7 de abril propuesta de resolución y el 6 de junio, resolución  de la Consejería por la que se le impuso una sanción de 3.100 euros y la accesoria de incautación del animal.

   Ante las complicaciones administrativas que le estaba provocando la tenencia de la tigresa, el acusado optó por potenciar su desatención, lo que produjo el fallecimiento del animal sin que con anterioridad el acusado requiriese los servicios de facultativo alguno y pese a que, ya en la inspección de 3 de mayo de 2013, el Seprona le había advertido de la "delgadez" de la misma, que el acusado justificó por la existencia de un tratamiento de desparasitación inexistente.

   Fallecido el animal en los primeros meses del año 2014, el acusado, infringiendo nuevamente las obligaciones que le imponía la legalidad administrativa, enterró al mismo en su finca, no lo puso en conocimiento de las autoridades y, por medios que no han podido ser determinados, le arrancó la cabeza quedándose con su cráneo como "recuerdo".

   Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito de maltrato de animal doméstico o amansado del artículo 337 del Código Penal. La pena de prisión será suspendida con la condición previa de que el acusado no vuelva a delinquir en el plazo de 2 años, el cumplimiento de la inhabilitación acordada y al pago de una multa de 3 meses con una cuota de 6 euros diarios (540 euros).

Foto: Guardia Civil.