- El Gobierno de Asturias se situará a la vanguardia del país en políticas de transparencia con la elaboración de un Libro Blanco de Participación Ciudadana

-   El Ejecutivo regional solicitará la colaboración de asociaciones y entidades en la confección del documento, que estará listo este mismo año y regulará la actividad de los grupos de presión, mediante la creación de un registro público

-   El Principado es la cuarta comunidad autónoma que destina más fondos por habitante a la asistencia jurídica gratuita

El Gobierno de Asturias preparará un Libro Blanco de Participación Ciudadana, un documento con el que impulsará la cooperación de la ciudadanía en la gestión de los asuntos públicos y cuya presentación está prevista para el segundo semestre del año. El documento, según ha informado hoy el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, a los miembros del Consejo de Gobierno, se articulará a través de un amplio proceso de participación (se consultará a más de 8.000 asociaciones y entidades ciudadanas) y permitirá contar con un diagnóstico exhaustivo de las herramientas de colaboración que hay en Asturias, identificar buenas prácticas y recabar propuestas concretas de acción.

El Ejecutivo también impulsará los 29 órganos sectoriales de participación con los que cuenta la Administración del Principado, que conforman en buena medida un ejemplo de la pluralidad de la sociedad asturiana. Es el caso, entre otros órganos, del Consejo Asturiano de la Mujer, el Consejo Asesor de Comercio, el Consejo de Formación Profesional, el Consejo Asesor de Sanidad, el Consejo Regional de Caza, el Observatorio de la Sostenibilidad y el Consejo Escolar.

La elaboración del Libro Blanco y la posterior Ley de Participación situarán a Asturias a la cabeza del país en la adopción de mecanismos de gobernanza colaborativa, dado que solo el País Vasco cuenta con un documento de estas características. En el ámbito normativo, únicamente Canarias dispone de una norma específica en materia de participación ciudadana, ya que el resto de comunidades que tienen legislación al respecto la incluyen dentro de las leyes de transparencia y buen gobierno.

Entre las novedades de la futura ley de participación y del Libro Blanco resalta el compromiso del Gobierno para regular la actividad de los lobbies o grupos de presión, mediante la creación de un registro público, una iniciativa que también pretenden seguir Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha y el País Vasco. La regulación de los grupos de presión será una singularidad del ordenamiento jurídico porque solo Cataluña cuenta con un registro. Y entre las entidades públicas, únicamente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha habilitado un mecanismo de estas características para mejorar la transparencia en su actividad.

En relación con la tramitación de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, este viernes concluirá el proceso de información pública y el texto definitivo se presentará en el primer trimestre de este año. El documento incorporará la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción, que dependerá del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano con personalidad jurídica propia.

El anteproyecto autonómico amplía y desarrolla la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, al ser más ambicioso en cuanto a los datos que se pondrán a disposición de la ciudadanía, en los sujetos que se someterán a la normativa y en el establecimiento de mecanismos y controles más estrictos contra la corrupción.

La regulación incidirá sobre cinco ámbitos de actuación: transparencia en la actividad pública; buen gobierno; publicidad activa; ejercicio del derecho a la información; reutilización de la ciudadanía del citado derecho. El texto incorpora, asimismo, un régimen sancionador para altos cargos que incumplan la ley en materia de transparencia informativa.

Abono de las minutas para los servicios del turno de oficio

El Consejo de Gobierno también ha autorizado el abono de las minutas de abogados y procuradores correspondientes a los servicios del turno de oficio del cuarto trimestre de 2015. Se ha aprobado el pago de 1.533.544,59 euros, de los que 964.334,66 corresponden al Colegio de Abogados de Oviedo, 50.829,66 euros al Colegio de Procuradores de Oviedo, 488.985,01 euros al Colegio de Abogados de Gijón y 29.395,26 euros al Colegio de Procuradores de Gijón.

Con el abono de los expedientes de justicia gratuita del último trimestre del año pasado, el Gobierno de Asturias cumple los plazos de pago acordados con los colegios profesionales que establecen un periodo máximo de 45 días para liquidar el turno de oficio, que en esta ocasión se adelanta de manera notable.

En 2015, el Principado destinó 5.537.313,14 euros al pago de la justicia gratuita, una de las apuestas de la Administración autonómica para garantizar el derecho a la asistencia jurídica a toda la ciudadanía. El Gobierno de Asturias ha hecho en los últimos tres años una firme apuesta por el fortalecimiento de este servicio tanto en las partidas presupuestarias como en la agilización de los pagos a los profesionales. Así, el presupuesto en el periodo 2012-2015 se ha incrementado un 69,3%, mientras que el tiempo para abonar las prestaciones se ha reducido a tres meses.

Asturias es la cuarta comunidad autónoma que destina más fondos por habitante a la asistencia jurídica gratuita, con una media de 5,15 euros, solo superada por Cataluña, Canarias y País Vasco. La media nacional es de 4,81euros.

Más de cuatro millones para la gestión de cinco centros residenciales adscritos al ERA

El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto plurianual de 4.040.316 euros para contratar la gestión de cinco centros residenciales adscritos al organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA). En concreto, la partida se destinará al Centro Polivalente de Recursos de Salas y las residencias de Quirós, Teverga, Grandas de Salime y San Martín de Luiña, equipamientos en los que se gestionan 122 plazas residenciales y 15 de centro de día. El periodo previsto para el contrato es de 24 meses.

Dada la naturaleza del citado contrato, se exigirá contar con experiencia contrastada en este campo, concretamente, haber prestado este tipo de servicios en el medio rural o en municipios de pequeño tamaño en los últimos cinco años. Asimismo, la contratación se realizará mediante un concurso público abierto que incluye varios criterios de valoración en los que se prima la calidad frente al precio. El presupuesto ofertado contará con una puntuación máxima de 40 puntos frente a los 60 que se podrán obtener con mejoras en la atención y calidad de los servicios que se ofrecen a los usuarios.

Algunas de las mejoras que se tendrán en cuenta son, entre otras, la oferta de programas de atención geriátrica de musicoterapia, el servicio de intervención asistida por perros, las actividades rehabilitadoras de fisioterapia y terapia ocupacional y la frecuencia en la atención podológica.