La medida, que pretende ser efectiva a partir de 2015, eliminaría el único mecanismo de control de la producción y provocaría una deslocalización de la misma, amenazando el patrimonio vitícola de 200.000 viticultores/as profesionales en nuestro país y el equilibrio medioambiental de las principales regiones vitivinícolas.
- En el evento también participarán representantes del Parlamento Europeo, que ya se ha posicionado en contra, y de la Comisión Europea.
Madrid. -El responsable del sector vitivinícola de COAG y Presidente del Comité Consultivo Vino de la UE, Alejandro García-Gasco,participa esta tarde en Bruselas en un encuentro con los Ministros de Agricultura de los 27 en el que se abordará la liberalización de las plantaciones de viñedo a partir de 2015, tal y como recoge la última reforma de la OCM del Vino aprobada por la UE en diciembre de 2007.
Durante el evento, en el que también participarán europarlamentarios y destacados miembros de la Comisión Europea, García-Gasco intentará recabar apoyos en contra de esta medida que, de llevarse a cabo, eliminaría el único mecanismo de control sobre los viñedos, provocando una deslocalización de la producción que amenazaría el patrimonio vitícola de 200.000 viticultores/as profesionales en nuestro país y el equilibrio medioambiental de las principales regiones productoras, caso de Castilla La Mancha, al no existir alternativas viables a este tipo de cultivo. “En el curso de las últimas décadas, el sistema de derechos de plantación se ha revelado como un magnífico instrumento para la política de calidad y para la gestión del potencial de producción en el seno de la Unión Europea, por lo que no tiene mucho sentido cargárselo de un plumazo. Es altamente paradójico e incoherente dedicar cuantiosas partidas presupuestarias para fomentar el arranque de viñedo para después fomentar justamente lo contrario”, ha subrayado el responsable de COAG.
Asimismo, tal y como se ha analizado desde el sector, la liberalización de las plantaciones provocaría un incremento de la oferta, debilitando las condiciones productivas de las zonas tradicionales de cultivo, especialmente perjudicial para las zonas amparadas por indicaciones de calidad y, previsiblemente, un descenso en los precios de las uvas y los vinos, muchos de los cuales ya reciben un precio menor a su valor real. La bajada de precios tendría como consecuencia la incapacidad de los productores de soportar todos los costes ligados a la producción, provocando el abandono y, en general, un descenso importante de la calidad.