Madrid (E.P.).-El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana del Principado, Guillermo Martínez, ha reprochado este jueves al Gobierno en funciones que preside Mariano Rajoy que sólo cubra el 10% de la inversión necesaria para implantar el 'papel cero' en la administración de justicia asturiana.
"La propuesta del Ministerio, de 173.000 euros para 2016 frente a los 147.000 de 2015, es, a todas luces, insuficiente, porque nuestra estimación para la digitalización del sistema exige una inversión mínima de 3 millones", ha declarado el consejero, antes de asistir al pleno de la Conferencia Sectorial de Justicia, presidido por el ministro Rafael Catalá.
Martínez ha criticado el "claro agravio comparativo" que supone que las 12 comunidades que tienen transferidas las competencias de justicia hayan recibido 6 millones de euros para el impulso de la aplicación Lexnet, para acometer la digitalización, mientras que las cinco autonomías sin competencias disponen de 123 millones, según indican desde el Gobierno asturiano en nota de prensa.
"Esto supone que las comunidades que asumimos las competencias recibimos un 90% menos que las que dependen del Estado", ha indicado, añadiendo que Asturias "ha cumplido los deberes con los fondos que transfirió el ministerio en 2015, que han permitido adquirir 33 equipos de videoconferencia, 37 ordenadores, 74 pantallas y 14 escáneres de última generación".
También se ha reforzado el personal con dos funcionarios más en los decanatos de Oviedo, Gijón y Avilés, un funcionario en Langreo, Mieres y Siero y aumentos de jornada en Pola de Lena, Grado y Pola de Laviana, según ha insistido el titular autonómico en el ámbito de Justicia.
"Esperamos que el ministro en funciones reconozca no sólo la insuficiencia de los fondos, algo a lo que ya estamos acostumbrados, como sucede también con la asistencia jurídica gratuita, sino también la falta de coordinación y planificación en la implantación del papel cero", ha subrayado Guillermo Martínez, quien ha solicitado, asimismo, una solución "inmediata" para resolver los problemas de interoperabilidad en las comunicaciones electrónicas por parte de los operadores jurídicos.
