La Asociación El Defensor del Paciente ha remitido a la Fiscal Jefe del Principado de Asturias, Esther Fernández, un documento en el que advierte de una supuesta "estafa" por parte de la Administración hacia pacientes y familiares de personas dependientes.

   Según ha informado la asociación en una nota de prensa, existe un "engaño" por parte de la administración hacia este colectivo, a quienes "se pone en una situación de indefensión" al solicitar cantidades "estrambóticas y presuntamente ilegales". Tanto es así, que "estas familias puedan quedar en la indigencia".

   La presidenta de la asociación, Carmen Flores, ha asegurado que en esta situación hay unos 4.000 afectados. "En algunos casos se exigen hasta 100.000 euros", ha señalado, por la exigencia de la Administración de pagar las deudas contraídas por pacientes ya fallecidos en geriátricos.

   "Es muy humillante que un paciente tenga casi que pedir limosna para tener el derecho fundamental a la salud", señala.

Pésima gestión, para Podemos

La diputada Rosa Espiño se ha reunido en la sede de Podemos en Xixón con varias decenas de afectados y afectadas por las reclamaciones de deudas pendientes por parte del ERA tras el fallecimiento de un familiar. Aunque Podemos Asturies no juzga la legitimación de la reclamación de dicha deuda por parte del organismo autónomo, sí la pone en duda. Y lo hace, explicó la diputada, “por la opacidad con la que ha tratado la Administración todas estas liquidaciones, sin información y sin facturas previas y cuando, después de haber pasado años desde que finalizó el servicio de la plaza residencial, el ERA empieza a realizar liquidaciones de una forma sibilina”.

La diputada de Podemos Asturies recordó que “la consejera reconoció en el pleno del pasado jueves que hubo una pésima gestión de esta tramitación”, y que “esa pésima gestión repercute en las personas afectadas”.

A día de hoy, aún hay 3.634 expedientes pendientes, de los cuales 2.142 no han sido comunicados. Es decir, a más de 2.000 personas no les ha sido comunicada la liquidación definitiva de la deuda generada. Rosa Espiño considera que si Podemos Asturies no hubiera recurrido a la interpelación, “parece ser que desconocimiento todo, e información ninguna”. Además, subraya, que “para la consejera son expedientes pero para nosotros son personas, porque les produce un gran perjuicio y un quebranto económico muy importante”.

Según la información publicada en prensa, la consejera reconoce que la deuda reclamada a los familiares ascendería a unos 91 millones de euros. Esto supone una cantidad cercana al presupuesto anual destinado al organismo autónomo (107 millones de euros anuales).

Por ello, el grupo parlamentario Podemos Asturies presentará en la Junta, el próximo 4 de marzo, una moción para pedir la paralización de todas las reclamaciones, hasta que se lleve a cabo una auditoría externa de las liquidaciones en la totalidad de los expedientes, en los pendientes y en los ejecutados, así como en aquellos que fueron considerados prescritos.

La consejera decía que las personas tenían toda la información en sus contratos. Esto recuerda a las “preferentes”: quienes firmaban esos contratos no eran familiares de Rato, eran personas mayores y, en muchos casos, con una importante merma de su capacidad.

También decía la consejera que los familiares podían haber renunciado a la herencia. Pero no podían hacerlo, ya que la deuda se les reclama años después del fallecimiento del usuario, una vez que aceptaron la herencia, con el correspondiente pago de un impuesto de Sucesiones y Donaciones, y cuando ya no cabe el beneficio de inventario y no hay marcha atrás. Deuda, ha recordado Espiño, “que en algunos casos no es baladí, ya que puede llegar a suponer 70.000 euros”. Por ello, considera que, aunque la Administración tenga el derecho de reclamar, “parece un abuso del Derecho”.