Declaraciones del portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, sobre descalificaciones al sistema judicial del ministro del Interior

El ministro del Interior ha realizado unas declaraciones en las que duda de la imparcialidad de los jueces, al afirmar que no es casual que salgan a la luz en estos momentos tantos casos de corrupción que afectan a su partido. Según sus palabras, desde el ámbito judicial habría algún tipo de interés en desprestigiar a su formación política, en un momento en el que se está negociando la composición del próximo Gobierno.

El ministro del Interior se sitúa fuera de la Constitución al cuestionar a los jueces. Debemos recordar que vivimos en un Estado de Derecho, con separación de poderes y en el que existe independencia judicial. Ya no estamos en aquellos tiempos en los que los magistrados estaban al servicio del poder político. En una democracia constitucional nadie está por encima de la ley. Y tampoco lo están los políticos. Por ello, los jueces estamos obligados a aplicar el ordenamiento jurídico cuando se detectan indicios de delito en los que pueden estar implicados cargos públicos en relación con las tramas corruptas.

Los jueces en nuestro país actúan de manera independiente e imparcial. Y acuerdan detenciones, registros o intervenciones telefónicas cuando se cumplen los requisitos legales y concurren suficientes indicios de delitos. Además, no es cierto que se haya producido una acumulación injustificada en estos días de casos vinculados a la corrupción. Cualquier ciudadano sabe que ya hace bastante tiempo que existen numerosos procedimientos que afectan a tramas corruptas, con cifras que se aproximan a las 2.000 personas investigadas por estos delitos. Y es lógico que el avance de las investigaciones lleve a nuevas diligencias. Debemos recordar la enorme gravedad de los hechos investigados, en los que se intenta aclarar si determinadas tramas corruptas se han apropiado de elevadas cantidades económicas de toda la sociedad, con la colaboración de cargos políticos. Ante estas situaciones el poder judicial no puede mirar hacia otro lado.

Una sociedad democrática debe facilitar cualquier investigación judicial sobre cuestiones que afectan a las reglas más básicas de convivencia. Sin embargo, al ministro del Interior parece que le moleste el Estado de Derecho. Descalificar la importante labor judicial es una enorme falta de respeto institucional y una grave irresponsabilidad. No resulta admisible que un miembro del Gobierno, que es el máximo responsable de las fuerzas de seguridad, se dedique a erosionar la legitimidad de nuestras instituciones. Por ello, rechazamos con firmeza dichas declaraciones y apoyamos la meritoria actuación independiente de nuestros jueces en defensa del Estado de Derecho.