El Ministerio Fiscal sostiene que el procesado mantenía una relación de pareja con convivencia con una mujer desde hacía unos dos años, sin hijos en común. Sobre las 23.00 horas del 10 de abril de 2015, cuando ambos regresaron al domicilio que compartían en el municipio de Oviedo, el procesado, muy alterado, comenzó a pedir explicaciones a la víctima sobre un número de teléfono que había apuntado en un papel. Cuando ella respondió que desconocía a quién pertenecía, comenzó a golpearla e insultarla, según el relato del Ministerio Fiscal.

   La mujer optó por irse a dormir, confiando en que así se calmaría. Sin embargo, el procesado continuó con su comportamiento violento y, tras esperar una media hora, aprovechando que la mujer se encontraba ya profundamente dormida, cogió una botella que contenía gasolina y se dirigió al dormitorio. A continuación, la roció con el combustible y le prendió fuego.

   La mujer se despertó y, al ver un fogonazo sobre su cuerpo, se levantó envuelta en llamas y gritando. Ante esto, el procesado trató de apagar el fuego, tirando a la mujer al suelo. Sin embargo, y pese a la gravedad de lo ocurrido, no la acompañó a un centro médico ni llamó a ningún servicio de emergencias.

   A consecuencia de estos hechos, la mujer sufrió quemaduras en varios puntos del cuerpo, entre ellas la cara, algunas de ellas profundas. Tardó en curar 46 días, de los que 16 fueron de hospitalización. Le quedaron cicatrices como secuelas. La perjudicada, que fue asistida en el Sespa, ha renunciado a toda indemnización.

   La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato en grado de tentativa, con la agravante de parentesco, y solicita que se condene al procesado a 12 años de prisión, inhabilitación absoluta para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, prohibición de aproximarse a la mujer, a su domicilio, lugar de trabajo, ocio o cualquier otro frecuentado por ella a una distancia inferior a 500 metros, y de comunicación con ella por cualquier medio, durante un tiempo superior en 5 años a la pena de prisión que se imponga en caso de condena, pago de las costas procesales y abono de una indemnización al Sespa correspondiente a los gastos médicos acreditados.