- La Ley de Transparencia permitirá sancionar las infracciones muy graves de los altos cargos con hasta diez años de inhabilitación

-   El anteproyecto, que sale hoy a información pública, incorpora la denuncia ciudadana sobre presuntas conductas irregulares o incumplimientos normativos

-   El Consejo de Gobierno aprueba el Plan Estratégico de Residuos 2014-2024

-   El Principado recurrirá ante el Tribunal Supremo el decreto que regula la dispensación de medicamentos por parte del personal de enfermería

-   Educación convocará este año la mayor oferta de empleo público desde que se asumieron las transferencias

El anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de Transparencia y Buen Gobierno se someterá a información pública durante los próximos 20 días hábiles. La normativa, con la que el Ejecutivo asturiano cumple uno de sus principales compromisos en materia de regeneración democrática, incorpora como principales novedades un régimen sancionador para altos cargos en materia de transparencia, la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción y un canal ético de denuncia ciudadana sobre presuntas conductas irregulares o incumplimientos normativos.

El régimen sancionador prevé, en el caso de infracción muy grave por parte de los altos cargos, la imposición de una multa por importe de uno a tres meses de sueldo, la destitución del puesto o la inhabilitación por un período de entre de cinco y diez años. 

La Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción se encargará, entre otros asuntos, de gestionar las diligencias informativas que se deriven de las denuncias ciudadanas recibidas a través del nuevo canal ético, que tendrá formato electrónico y al que se accederá a través del Portal de Transparencia. Esta medida permitirá a cualquier persona, garantizando su confidencialidad, comunicar presuntas conductas irregulares o incumplimientos normativos de los que pudiera derivarse responsabilidad administrativa, contable o penal.

Además, la futura ley amplía sustancialmente los contenidos que han de someterse a información pública, por lo que a partir de su entrada en vigor, algunos de los nuevos datos que deberán ser publicados son:

• Las agendas institucionales de los titulares de órganos directivos del sector público y también de los órganos de asesoramiento y apoyo.
• Los gastos de representación y protocolarios.
• Los contratos menores a partir de 1.500 euros (IVA excluido) cuando la normativa estatal no concreta ningún límite.
• Los acuerdos del Consejo de Gobierno.
• La ejecución presupuestaria con carácter trimestral.
• Los saldos de las cuentas bancarias de titularidad de la Administración del Principado y el sector público autonómico.
• Las operaciones de arrendamiento financiero, de préstamos, crédito y emisiones de deuda pública realizas por las entidades del sector público.

La organización de la Administración del Principado también deberá adaptarse a la ley, con la creación de las Unidades de Transparencia y de un servicio de transparencia que será el encargado del diseño, desarrollo, coordinación, seguimiento y evaluación de estas políticas del Consejo de Gobierno. También nacerá el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad y garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y a las disposiciones en esta materia. Su presidente, nombrado por un período no renovable de cinco años, será elegido a propuesta de la Junta General del Principado por mayoría de dos tercios entre personas de reconocido prestigio.

En materia de Buen Gobierno, el anteproyecto contempla la aprobación de un código ético, que va más allá de la norma nacional vigente, que establece únicamente una serie de principios generales y de actuación.  Así, los altos cargos deberán suscribir, antes de acceder al puesto, una declaración en la que acrediten no haber cometido delitos y asumir el código ético y los principios de las leyes autonómica y estatal.  Presentarán también su declaración de la renta al principio y al final de su mandato, y en el momento de dejar su puesto, la Oficina de Buen Gobierno elaborará un informe sobre su patrimonio. Todos los ex altos cargos deberán comunicar la actividad que desempeñarán durante los dos años siguientes a su cese.

Esta normativa será de obligado cumplimiento no sólo para el Gobierno autonómico, sino también para las entidades locales y los organismos y entes públicos dependientes de ambas administraciones, además de para la Universidad de Oviedo; las corporaciones de derecho público como las cámaras de comercio o los colegios profesionales;  las sociedades mercantiles con mayoría de capital social público; las fundaciones y entes del sector público; las asociaciones de administraciones públicas, exceptuando aquellas en las que participe la Administración del Estado;  la Junta General del Principado de Asturias, la Sindicatura de Cuentas y el Consejo Consultivo.

Por lo que se refiere a la publicidad activa, la ley también se aplicará a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales de ámbito autonómico; a las federaciones de partidos, agrupaciones de electores y fundaciones que dependan de ellos, y a las entidades privadas que perciban ayudas o subvenciones en una cuantía igual o superior a 30.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos alcance un mínimo de 3.000 euros.

El anteproyecto de ley se puede consultar, además de en el Boletín Oficial del Principado, en el apartado de destacados del portal corporativo Asturias.es,  en el tablón de anuncios de la sede electrónica y en los portales de transparencia y Asturias Participa.

Un documento para gestionar los residuos hasta 2020

El Consejo de Gobierno ha aprobado también el Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias (PERPA) 2014-2020. En julio de 2015, dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias advirtieron defectos en dicho documento. Una vez solventados, el plan ha sido sometido a información pública y, hoy, ratificado por el Ejecutivo.

En cumplimiento de las sentencias, la Dirección General de Calidad Ambiental sacó a información pública en septiembre de 2015 la propuesta del plan estratégico junto con una memoria de los cambios realizados. En este nuevo proceso se recibieron 16 escritos de 19 alegantes diferentes. La estimación de varias alegaciones, sumada a la reciente aprobación del Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016- 2022, ha implicado una ligera modificación del proyecto inicial.

El documento aprobado se organiza en nueve programas distintos centrados en la prevención, los residuos urbanos (domésticos y comerciales), los industriales, los lodos de depuradoras, los biorresiduos y la mejora de la gestión de otros flujos, así como las acciones destinadas a la sensibilización, la información y el control, y las actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). A su vez, cada programa incluye varias líneas de actuación, 28 en total, que se desarrollan en 239 medidas concretas.

Los planes de gestión de residuos recogen todos los aspectos de organización relacionados, incluida una descripción del reparto de responsabilidades entre los operadores públicos y privados. La existencia de un plan en vigor es, además, una condición necesaria para el desarrollo de nuevas infraestructuras públicas para la gestión de residuos de competencia municipal.

Una vez aprobado el plan, y conforme a la memoria, en la revisión se evaluará el conjunto de alternativas posibles para tratar la fracción resto y elegir aquella que, siendo viable técnica y económicamente, tenga el menor impacto ambiental. Las opciones seleccionadas se integrarán en el plan ya revisado para su evaluación ambiental estratégica.

De forma paralela, el Gobierno de Asturias está realizando un notable y continuado esfuerzo para promover el reciclaje y reducir los residuos a través de iniciativas como el compostaje, la puesta en marcha de canales de reutilización, la lucha contra el despilfarro de alimentos y la educación para el consumo responsable. Al mismo tiempo, se impulsan las líneas de recogida separada y las infraestructuras de apoyo, como los puntos limpios.

Fruto de este compromiso, la recogida separada de papel/cartón, envases ligeros y vidrio a través del servicio que presta el Consorcio para la Gestión de Residuos de Asturias (Cogersa) aumentó un 5,05% en 2015, fecha en el que alcanzó una media de 45,97 kilogramos por habitante y año, frente a los 43,76 de 2014. Además, el servicio de recepción clasificada de desechos potencialmente tóxicos y voluminosos que el consorcio y los ayuntamientos prestan a través de la red de puntos limpios, las áreas de acopio y el punto limpio móvil, alcanzó el pasado año los 35.624.744 kilos, un 9,31% más que el ejercicio anterior. La mayor parte de estos residuos se destina a procesos de recuperación.

El servicio de recogida separada de residuos potencialmente tóxicos y voluminosos permite aumentar los niveles de reciclaje de los concejos, además de evitar su vertido incontrolado en el medio natural.

Acciones contra el decreto que impide la dispensación enfermera

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy recurrir ante el Tribunal Supremo el real decreto de 23 de octubre de 2015 que regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios por parte de los profesionales de enfermería.

La norma establece que, en el caso de los medicamentos sujetos a prescripción médica, será necesario que un facultativo determine previamente el diagnóstico, la prescripción y el protocolo de práctica clínica que deberán seguir los profesionales de enfermería. Este hecho impide en la práctica cualquier decisión enfermera relacionada con estos fármacos cuando no vaya acompañada de una prescripción médica realizada de forma oficial y con carácter individual para cada paciente.

El real decreto, que entró en vigor el pasado 24 de diciembre, culmina un proceso caracterizado por la escasa participación de los colectivos e instituciones directamente implicadas y no reconoce el valioso trabajo de la enfermería al lado del paciente, una labor que es complementaria e independiente de la que ejercen los facultativos.

La dispensación enfermera de medicamentos es una realidad que aporta valor al conjunto de la organización, que no genera problema alguno en el entorno sanitario y que garantiza la continuidad de los cuidados, además de agilizar la toma de decisiones. Por tanto, la nueva norma altera gravemente el trabajo que se realiza a diario en todos los centros sanitarios.

El Principado considera que la norma obvia la cualificación de este colectivo y que perjudica a los usuarios del sistema sanitario porque genera más trámites burocráticos.

Varias comunidades autónomas han presentado ya recursos contra el real decreto, un texto que también rechaza el Sindicato de Enfermería (Satse) y el Consejo General de Colegios de Enfermería.

Aprobada la oferta de empleo público en el ámbito educativo

La Consejería de Educación y Cultura convocará este año una oposición con 418 plazas para profesores de 30 especialidades de Secundaria, Formación Profesional y Música y Artes Escénicas. El Consejo de Gobierno ha aprobado la oferta de empleo público para 2016 en el ámbito docente, la mayor desde que Asturias asumió las competencias educativas en 2000.

También se sacarán dos plazas de promoción interna de Inspección Educativa, que se sumarán a las once aprobadas en la oferta de 2014, y una plaza de Literatura Dramática. En total, se alcanzarán los 421 puestos en 32 especialidades.

La convocatoria permitirá reducir la tasa de interinidad en las especialidades incluidas en la oposición desde el 25,5% actual hasta el 11,5%. Cabe destacar que quince de las especialidades incluidas en la convocatoria nunca han tenido oposiciones desde las transferencias y en otros cuatro casos se han celebrado una única vez en 16 años.

El Principado cumple así con su compromiso de ofertar el mayor número de puestos que establece la tasa de reposición estatal, fijada para este ejercicio en un 100%, lo que permitirá cubrir todas las vacantes que dejaron los docentes jubilados el curso pasado en las especialidades incluidas en la convocatoria.