Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras quieren fijar un plazo máximo de seis semanas para concluir las negociaciones sobre el nuevo acuerdo de concertación social que sustituya al Acuerdo por el Empleo y el Progreso de Asturias (AEPA), cuya vigencia concluyó el pasado 31 de diciembre. Acusan a la patronal FADE de dilatar este proceso.

   En una rueda de prensa, los secretarios generales en Asturias de UGT, Justo Rodríguez Braga, y CCOO, Antonio Pino, han señalado la urgencia que desde su punto de vista tiene este asunto porque "las prisas las marcan las necesidades de la gente", ha comentado el líder de Comisiones, recordando que Asturias tiene "los peores indicadores económicos" de España.

   Los líderes sindicales han recordado que el anterior acuerdo se firmó el acuerdo el 4 de febrero (de 2013), la misma fecha en que este año (este jueves) han comenzado las negociaciones con las dos primeras reuniones de mesas sectoriales, la de Inversión Laboral y la de Desarrollo Sostenible.

   Ambos consideran que la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) está interesa en dilatar la concertación. En opinión de Braga, los reajustes internos que se están produciendo en el seno de la patronal está conllevando que se incorporen nuevas personas al proceso de negociación que tienen "planteamientos que lo pueden retrasar".

   Ni Braga ni Pino han cuestionado el compromiso de los empresarios con la concertación social, pero han insistido en que este acuerdo "es un todo cerrado con un programa de actuación en cuatro años", en el que se engloban sus mesas sectoriales.

   Para los líderes sindicales es importante afianzar e impulsar el mecanismo del salario social porque "no hay mercado laboral (en estos momentos)" para acoger a todos los parados, y han rechazado algunas opiniones empresariales que cuestionan esta prestación.

   No obstante, Pino ha recordado que ha de ser prioritaria la creación de empleo precisamente para esas personas que perciben el salario social. Ha exigido que esa creación de empleo conlleve compromisos del sector privado o que no solo sea a través del sector público.

   Han puesto el acento en exigir la ejecución al 100% de los presupuestos de inversiones públicas comprometidas y conseguir así un impulso para el sector de la construcción, y también la puesta en marcha de fórmulas de cooperación entre las pequeñas y medianas empresas para que puedan acceder a la tecnología y la exportación.