El secretario general de UGT Asturias, Justo Rodríguez Braga, ha anunciado este viernes que su sindicato prepara una querella por daños y perjuicios contra el Gobierno autonómico, tras ganar el juicio por el recorte de 526.000 euros aplicado por la Consejería de Economía en las subvenciones de formación de 2013.

   El responsable de UGT se ha referido, durante una rueda de prensa sobre el proceso de concertación, a la sentencia de enero que anuló la resolución de la Consejería de 2013, que reducía en 20 puntos la puntuación obtenida por el sindicato en la convocatoria de subvencinones de formación.

   Esta medida supuso el recorte de 526.000 euros pero también, según Braga, "un daño a la honestidad y a la marca del sindicato" por parte de quien "cambió las reglas del juego y  nos dijo que nuestra puntuación no era la debida".

   Se ha referido también a las palabras pronunciadas este jueves por el consejero de Economía, Francisco Blanco, quien afirmaba que el recorte de 2013 se debió a una revisión que fue más allá del proceso habitual. Según el líder sindical, el problema es que "se mide todo por el mismo rasero, lo mismo da lo gordo que el menudeo". "Al final se produce un exceso de celo y eso genera una injusticia, y tiene que ser la justicia la que diga que no, que esto estaba bien hecho".

   En la misma línea, Braga también ha considerado normal que el Gobierno autonómico se vaya a personar en el proceso abierto por la Fiscalía contra el sindicato por un supuesto caso de fraude, también en las subvenciones recibidas, un proceso que el secretario general también se ha mostrado seguro de que ganará su organización.

   "El Principado tiene la obligación de personarse, si le han pedido papeles. No vemos ningún problema porque está concertnido. Sería más extraño que se presentase algún paracaidista", ha ironizado.

   Por otra parte, tanto Braga como su homólogo de CCOO, Antonio Pino, con quien ha comparecido en la rueda de prensa, han vuelto a exigir la necesidad de regular la representación institucional de los sindicatos en organismos públicos, tales como el IDP o el Instituto Nacional de Empleo

   Pino considera necesario este paso "para no estar al pairo de los caprichos políticos del gobierno de turno o de ciertas fuerzass políticas", entre las que ha hecho una referencia velada a Podemos.  "Algunos tergiversan todo o tienen alguna intención aviesa, y dicen que eso es la Administración paralela, y que hay que quitar de en medio a las organizaciones mayoritarias".

   Ha recordado que tienen su presencia en estas instituciones porque les corresponde, y es necesario que tenga "una regulación legal, para no parezca que estamos ahí de favor".