Teniendo en cuenta el contexto actual de grandes e impactantes transformaciones, con una crisis que no acaba de arreciar, unas políticas de austeridad y los consiguientes recortes en derechos y prestaciones, y sus efectos dramáticos que están afectando a la sociedad asturiana, el Salario Social Básico constituye el último recurso del sistema de protección de las personas.

Desde La Mesa del Tercer Sector del Principado de Asturias, se valora positivamente que, al igual que otras CCAA, Asturias tenga la prestación del Salario Social Básico como derecho reconocido, pero también consideramos que es insuficiente para poder responder a las necesidades vitales de las personas y que la misma ha de ser revisada y mejorada al igual que el reglamento que la regula.

También creemos que  es necesario luchar contra los factores, dimensiones y procesos de vulnerabilidad, pobreza y exclusión social que están vigentes en el Principado de Asturias con la elaboración e implementación de un conjunto integral y coordinado de medidas y actuaciones que promuevan la inclusión social (activa) de toda su ciudadanía, especialmente de las personas y grupos más vulnerables.

Una de estas medidas es la puesta en marcha de una manera efectiva del Plan Autonómico de Inclusión Social, así como los Planes locales de Inclusión Sociolaboral.

Desde la Mesa de Tercer Sector pedimos respeto para la dignidad de las personas que desgraciadamente sufren situaciones de vulnerabilidad, pobreza y exclusión social; puesto que algunos sectores de la sociedad y alguno de sus representantes culpabilizan a las personas de los efectos de la crisis y los recortes sociales y no son solidarias con un grupo social que también es parte de la ciudadanía.

Así mismo, creemos que se genera alarma social y la pérdida del valor de nuestro sistema de protección social; que por otra parte está mermado por los recortes presupuestarios y el cambio de un modelo paradigmático que nos devuelve a la beneficencia.

La pobreza y la exclusión social son fenómenos estructurales que no se deben únicamente a la crisis, (aunque esta haya acentuado sus consecuencias), si no que nos acompañaban incluso en épocas de crecimiento económico. 

Acercarnos a la realidad social, desde el crecimiento económico,  a través de indicadores ajenos a las personas nos lleva a desentendernos de quienes más sufren ocultar e invisibilizar e incluso en ocasiones a culpabilizar, a los más desfavorecidos. 

El informe FOESSA, sobre exclusión y desarrollo social en el Principado de Asturias, destacaba en el año 2014, que el núcleo central de la sociedad asturiana que llamamos integración plena, es ya una estricta minoría y que la acumulación de problemas en distintas dimensiones de entre las analizadas (empleo, consumo, participación política, educación, salud, vivienda, conflicto social y aislamiento social) había crecido significativamente. No solo se ha producido una extensión de todas estas problemáticas, sino que además estas cada vez se acumulan más en las personas afectadas. La pobreza se intensifica y se cronifica.  

Es por esto que el carácter estructural de la pobreza y la exclusión, que no afecta a pocos,  requiere por tanto la puesta en marcha de políticas distributivas concretas: 

• Conseguir que la protección social alcance estándares básicos en Asturias y que se haga operativa a través de un sistema de "garantía de mínimos", complementada con un acompañamiento a las personas real y efectivo en procesos de inserción en los que los beneficiarios estén implicados y participen activamente, evitando que su papel sea el de meros receptores de una prestación económica. 

• Desarrollar una protección social desde el fortalecimiento de los servicios sociales públicos, que facilite la promoción y empoderamiento de las personas y no quede reducida a la gestión de las prestaciones económicas.  Además de una revisión y reformulación seria de las estrategias y medidas del Plan de Inclusión Social del Principado de Asturias.

• Considerar el gasto social como una "inversión social" priorizando aquellos ámbitos que son más correctores en términos de desigualdad como son las pensiones, rentas mínimas, sanidad, educación. Y especialmente desarrollando políticas familiares eficaces que apoyen a familias con menores y evite la trasmisión intergeneracional de la pobreza. Las entidades de la Mesa del Tercer Sector constatamos que las prestaciones sociales en ningún modo sustituyen lo que un trabajo puede ofrecer a la persona y su dignidad. 

Por eso pedimos, que la asistencia, ayuda y acompañamiento a las personas y familias asturianas en riesgo social o en exclusión, se basen en  su promoción,  en la libertad de actuación en preservar su dignidad y no únicamente en dar lo que a los demás nos sobra y no nos implica.

Pedimos también que no se politice un tema tan delicado como es la pobreza y la exclusión que tienen nombres e historias de vida propias.