Asturias (E.P.).-El Juzgado de Primera Instancia Nº5 de Oviedo condenado a la Unión Minera del Norte S.A. (Uminsa) y a Coto Minero Cantábrico S.A (CMC) a pagar 28.095.062,93 y 18.685.774,58 euros, respectivamente, a favor Hunosa al incumplir con las obligaciones de guarda y custodia del depósito, en relación al carbón desaparecido del almacén de mineral que controlaba el empresario, Vitorino Alonso, en el año 2009.
También condena a estas empresas a la prohibición de uso del carbón adquirido y depositado por Hunosa, "debiendo bastar para acreditar el tonelaje del que se dispuso, por la rigurosidad de los métodos de medición, la primera pericial aportada por Estefanía Díaz (en la que se afirmó y ratificó en el juicio), que lo cuantifica en 577.924,32 toneladas.
Igualmente, el juez afirma que "huelga decir que las mermas que pudieran existir por condiciones climatológicas adversas (las cuales no se acreditan), así como por la saturación de los parques, en nada afectan a la responsabilidad contraída por CMC y UMINSA para el mantenimiento del carbón depositado y que ahora no está".
En dicho procedimiento, Uminsa y CMC interesaban la condena de Hunosa por incumplimiento contractual, al haber activado las garantías pignoraticias de los contratos suscritos con ambas para la compra de carbón para el Almacenamiento Estratégico Temporal de Carbón (AETC) -entre agosto de 2009 y marzo de 2010-, por un presunto déficit de carbón unilateralmente declarado.
El juez estima parcialmente la demanda de las empresas de Vitorino Alonso y declara el incumplimiento de ésta de la cláusula décima de los contratos que unen a las partes, en las comunicaciones remitidas al Instituto del Carbón y clientes de las actoras para la retención de ayudas y créditos a los que tuvieran derecho, con reserva expresa de las acciones que por daños y perjuicios, en su caso, les pudieran corresponder.
Uminsa ha anunciado que "sin perjuicio de un análisis más detallado del contenido de la resolución, que se está llevando a cabo por sus Servicios Jurídicos, se propone recurrir en apelación la sentencia dentro del plazo legal de veinte días".
