Asturias aprobará antes de que finalice el año el plan especial que implica a seis consejerías e incluye medidas de protección jurídica, mejoras en la señalización y en algunos tramos, mayor promoción turística y el impulso a la red de albergues, que suma medio millón de usuarios desde 2000

-        El Principado dará entrada en la comisión de la ruta jacobea a la Delegación del Gobierno, la Federación Asturiana de Concejos, las asociaciones y agrupaciones de amigos del camino, la Universidad de Oviedo y la Iglesia

-        El Ejecutivo autonómico presentará el tercer recurso contra el reparto de la cuota de xarda impuesto por el Gobierno central, que perjudica los intereses de los pescadores asturianos también para esta campaña

-        Los empleados públicos recuperarán los días de asuntos propios y de vacaciones ligados a la antigüedad

-        Sanidad reserva 800.000 euros para la compra de las vacunas de la gripe para la próxima temporada

El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, ha informado hoy a los miembros del Consejo de Gobierno sobre la puesta en marcha de un plan especial del Camino de Santiago, con el que se pretende convertir este itinerario en un gran eje cultural, turístico y de desarrollo, especialmente en el ámbito rural, que aglutine la mayor parte de las políticas de protección, conservación y difusión del patrimonio. El Ejecutivo autonómico agilizará al máximo la elaboración del documento para disponer de un primer borrador en septiembre, de modo que pueda ser aprobado en el segundo semestre.

Presidencia coordinará este plan con otras cinco consejerías: Hacienda y Sector Público; Empleo, Industria y Turismo; Educación y Cultura; Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente; y Desarrollo Rural y Recursos Naturales, y once direcciones generales.

El nuevo sistema de gestión integral se vertebrará en torno a cinco grandes ejes:

• Protección jurídica. Se estudiará la posibilidad de ampliar la protección de algunos tramos.De hecho, el que discurre por Noreña cuenta desde 2015 con la declaración BIC y actualmente se están estudiando las peticiones de Aller y Lena.

• Actuaciones viarias en el entorno y en los bienes patrimoniales vinculados. Permitirá avanzar en la elaboración de manuales que articulen criterios de actuación en casos de cierres de construcciones o rehabilitación de viviendas próximas, así como manuales de buenas prácticas a partir de experiencias de otras comunidades autónomas.

• Actuaciones de conservación y protección. Incluye la supervisión periódica del estado de la ruta y de sus bienes; mejoras en la señalización; mejora y acondicionamientos de tramos concretos; o habilitación de caminos alternativos a los oficiales por motivos de seguridad; y restauración de bienes patrimoniales vinculados al Camino.

• Impulso de la red de albergues de peregrinos. Se regulará el funcionamiento y los requisitos de los albergues para permitir el crecimiento de una red mayoritariamente pública, y se diseñarán medidas para mejorar la calidad de los cerca de 30 albergues existentes, que dispondrán de señal wifi.

• Acciones de difusión. La ruta dispondrá de campañas de promoción turística propias, se impulsará la página web y se lanzará una aplicación de divulgación para dispositivos móviles.

Por otra parte, y con el objetivo de lograr una mayor efectividad en la puesta en marcha del plan, el Gobierno de Asturias incorporará a la comisión del Camino de Santiago a varias entidades e instituciones, como la Delegación del Gobierno, la Federación Asturiana de Concejos (FACC), las asociaciones de amigos del Camino de Santiago, la Iglesia y la Universidad de Oviedo.

El Principado también promocionará la ruta junto al resto de regiones que conforman la macrorregión del sudoeste europeo: Castilla y León, Galicia y la región norte y centro de Portugal. Asturias preside actualmente el grupo de trabajo de Turismo de esta entidad, que suma en conjunto quince itinerarios jacobeos.

El Camino de Santiago constituye uno de los principales elementos del patrimonio cultural asturiano, comprende 34 concejos y cubre una extensión de más de 560 kilómetros. Tres de las rutas oficiales a su paso por Asturias han sido declaradas Bien de Interés Cultural (BIC): el camino primitivo, entre Oviedo y el puerto del Acebo por el interior; el camino costero, entre Bustio y Abres, y el camino del Salvador, que une Pajares y Oviedo.

La ocupación de los albergues en estos tres itinerarios ha sumado en los últimos quince años un total de 484.364 usuarios, de los que más del 60% se registraron en el período 2010-2014, en concreto, 292.712. Estos datos revelan un aumento del 215,36%, ya que en el año 2000 el número de peregrinos fue de 3.275 y  en 2014, de 62.154.

El pasado julio, el camino costero y el primitivo fueron incluidos en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO, lo que ha llevado al Gobierno del Principado a intensificar las políticas de protección, mejora y difusión de estas rutas culturales.

Recurso contra la cuota de jurel y caballa

El Gobierno de Asturias presentará un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la orden del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de 17 de noviembre de 2015, por la que se establece el plan de gestión para los buques de los censos del Caladero Nacional del Cantábrico y Noroeste para este año. El Principado considera que el reparto de la cuota para la pesquería de la caballa (xarda) y el jurel vuelve a perjudicar gravemente los intereses de los pescadores asturianos.

Con éste, serán tres los recursos interpuestos por la Administración autonómica contra la distribución impuesta a Asturias por el Gobierno central. Las dos órdenes anteriores fueron declaradas nulas por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que concluyó que son contrarias a derecho en sendas sentencias de febrero y octubre de 2015.

El Ejecutivo autonómico presenta el nuevo recurso porque persisten las circunstancias y los argumentos que impulsaron a recurrir los planes anteriores y que se basan, fundamentalmente, en la arbitrariedad del reparto de posibilidades de pesca, claramente discriminatorio y lesivo para la flota asturiana.

La orden es arbitraria, a juicio del Principado, porque, entre otras cuestiones, impone una distribución por provincias en lugar de hacerlo por buques o grupos de buques y, además, aplica el criterio de las denominadas capturas históricas, es decir, escoge sin motivo ni fundamento el periodo 2002-2011, en el que se produjo la sobrepesca por la que el Estado español fue sancionado por la Unión Europea. Igualmente, se aparta de los criterios de reparto seguidos hasta el momento en otras modalidades de pesca (arrastre, palangre o volanta), en los que la regulación garantizaba una mínima viabilidad para todas las empresas pesqueras.

El plan es también discriminatorio porque beneficia a la flota que realizó sobrepesca y que ahora se ve premiada, en perjuicio de gran parte de la flota asturiana que se incorporó a la pesquería –porque no tenía otras alternativas rentables- a partir de 2011, cuando ya existía un estricto y férreo control sobre la extracción de la especie.

Otro de los argumentos para el litigio es la marginación de Asturias frente a Cantabria y, especialmente, frente al País Vasco, comunidades a las que el ministerio ha incrementado notablemente sus posibilidades de pesca, mientras que otras flotas, entre ellas la asturiana, se enfrentan a una reducción drástica. El Gobierno central prima, por tanto, los intereses de una parte de la flota del caladero Cantábrico-Noroeste sobre los intereses generales o los del conjunto de la flota de esta zona.

El Principado considera además que el reparto carece del acuerdo y consenso de las administraciones y flotas implicadas; no existen estudios socioeconómicos que valoren sus posibles consecuencias, y tampoco se han realizado informes técnicos que avalen su idoneidad en flotas de bajura y pesquerías pluriespecíficas y multiartes.

Modificación del decreto de jornada de los empleados públicos

El Ejecutivo autonómico modificará el decreto que regula la jornada, permisos y vacaciones de los empleados públicos del Principado, sus organismos y entes públicos. Mediante este cambio, los empleados públicos recuperarán los días de asuntos propios (popularmente conocidos comomoscosos) y de vacaciones que estaban ligados a la antigüedad.

Así, se devuelve el sexto día de asuntos propios, los dos días adicionales que se adquirían a partir del sexto trienio y el día que se obtenía cada trienio a partir del octavo. En cuanto a las vacaciones, los empleados públicos vuelven a contar con el día que van sumando a su periodo vacacional por cada cinco años de servicio.

La recuperación de los permisos ligados a la antigüedad, tanto de asuntos propios como de vacaciones, correspondientes a 2015, se hará en tres años, entre 2016 y 2018, en los términos que se determinen en las disposiciones de desarrollo del decreto y respetando las necesidades del servicio.

Por otro lado, la modificación del decreto establece un nuevo desarrollo del permiso por cuidado de un hijo afectado por cáncer u otra enfermedad grave, con condiciones más favorables para su disfrute, y mejora también las condiciones del permiso por lactancia.

Asimismo, se modifica la forma de justificación de las ausencias al puesto de trabajo por razón de enfermedad o accidente, sin declaración de incapacidad temporal, de modo que será exigible la aportación de un justificante de asistencia al médico en lugar de la declaración responsable.

El decreto aprobado en septiembre de 2013 ya introdujo una serie de mejoras en cuanto a los horarios, los permisos y las vacaciones o el tratamiento de las situaciones de incapacidad temporal. Así, se permitió acumular 3 días de asuntos particulares al periodo vacacional y disfrutar 5 días de vacaciones de manera independiente. En materia de conciliación laboral, la norma autorizó también que un empleado público que hubiera agotado todas sus vacaciones y permisos pudiera contar con un máximo de 5 días ante una situación de excepcional gravedad. Además, los permisos no retribuidos comenzaron a poder prolongarse durante un año para los cuidados del cónyuge que padeciese una enfermedad grave o irreversible. En cuanto a la incapacidad temporal, el decreto estableció una nueva regulación para indicar las situaciones, caso de enfermedades graves u hospitalización, en las que un empleado pudiera percibir el 100% de las retribuciones.

217.000 dosis de vacuna antigripal

El Principado adquirirá 217.000 dosis de vacuna contra la gripe para la próxima temporada (2016-2017), para lo que ha reservado una partida de 799.864 euros. La compra se realizará, como en los últimos años, de manera conjunta y centralizada en el marco del Sistema Nacional de Salud, lo que favorece una importante reducción del coste. En este sentido, el Consejo de Gobierno ha autorizado hoy una prórroga de un año al acuerdo que mantienen el Principado y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para fijar las condiciones de la adquisición de vacunas antigripales.

Las campañas de vacunación tratan de proteger a las personas más vulnerables a la infección gripal: las que padecen enfermedades crónicas y las mayores de 65 años.