Asturias (E.P.).-Podemos Asturies preguntará en la Junta General al consejero de Empleo, Francisco Blanco, por lo que considera un proceso de "privatización encubierta" del Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa).

   En una nota de prensa, la formación morada se ha preguntado "cómo se puede potenciar el Servicio Público de Empleo a la vez que se externaliza la financiación laboral (con una suerte de financiación encubierta) a sindicatos y patronal por medio de convenios con la FADE, FUCOMI y Fundación Metal Asturias y qué criterios guiaron para la firma de convenios específicamente con las citadas organizaciones, así como con Eulen Flexiplan, UTE DHR Global, Acción Laboral y Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral".

   La formación ha explicado que "mientras se formalizan estos contratos, el SEPEPA languidece y en 2014 gestionó, según datos del Instituto Nacional de Estadística, solo 5.900, casi una tercera parte menos que antes de la crisis, donde había 14.563 intermediaciones".  "Eso supone sólo un 2% de los 297.600 contratos que se hicieron en 2014 en Asturies, por debajo de comunidades autónomas como Cantabria, Castilla y León, Aragón o La Rioja. El Ejecutivo de Rajoy tenía reservada desde 2013 una partida de 200 millones de euros para poner en marcha ese programa", apunta Podemos.

   "El Principado, pese a que al consejero no le consta la existencia de ningún convenio, se sumó a él y el pasado verano adjudicó los primeros cuatro contratos a las agencias de colocación de la FADE, a la UTE DHR Global, a Acción Laboral y a Eulen Flexiplan, a los que derivarán limpiadoras y limpiadores, dependientes de comercio, administrativos y trabajadores de la construcción en paro. El importe total de ese desvío de fondos a empresas y organizaciones privadas es de 1,2 millones de euros en 2015", critica la formación morada.

   Desde Podemos Asturies consideran que el sistema de colaboración entre el SEPEPA y las agencias privadas de colocación "no es otra cosa que una privatización encubierta, tal y como denunciaron los sindicatos en 2010, cuando el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha esta colaboración".