Santander.-El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha inaugurado en el Centro Cívico Numancia el primer curso de Logopedia Forense, al que asisten una treintena de profesionales procedentes de las diferentes comunidades autónomas. Este curso formación organizado por el Colegio Profesional de Logopedas es, en su opinión, un primer paso para lograr el día de mañana que esta especialidad sanitaria se integre en la plantilla de los juzgados. La concejala de Familia y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Santander, María Tejerina, ha dado también la bienvenida a los asistentes.

Rafael de la Sierra se ha referido a la logopedia como un derecho de los ciudadanos propio del Estado de Bienestar y de la igualdad de oportunidades; una profesión sanitaria que ejerce su labor preventiva y de asesoramiento tradicionalmente en los centros educativos pero que busca expandir su ámbito de actuación al campo forense.

El consejero considera que la integración de la logopedia en la judicatura puede estar enfocado a un doble aspecto: el apoyo "al justiciable que comparece como actor o demandado en un procedimiento civil o penal" y tiene problemas de comunicación por alguna discapacidad, o bien de colaboración con los profesionales de la judicatura, jueces, fiscales y abogados.

La presidenta del colegio profesional, María Jesús Franco, ha calificado la jornada de hoy como "un gran día para la logopedia" y ha agradecido el apoyo del Gobierno de Cantabria a "la ampliación del campo profesional de los logopedas al mundo de la judicatura", aunque ha reconocido que "el camino será largo y complejo hasta conseguir el reconocimiento de otras profesionales sanitarias con presencia en los juzgados. También ha resaltado el nivel profesional del ponente, José Carlos Piñeiro, logopeda, abogado, pedagogo y periodista que interviene hoy durante las ocho horas de este módulo intensivo.

Estos profesionales sanitarios buscan nuevos ámbitos de trabajo; en este caso serían los juzgados, junto a los peritos médicos y los psicólogos, donde asesorarían a jueces, fiscales y abogados. Se trata de apoyar a las personas con necesidades especiales de comunicación derivadas de la afasia, los déficits auditivos o la disgrafía.