Gijón (E.P.).-El número de ejecuciones hipotecarias y desahucios aplicadas en el municipio de Gijón en 2015 fue de 188, un 24,8% menos que en el ejercicio anterior, cuando se registraron 250.

   Son datos ofrecidos por el Decanato de los Juzgados de Gijón a la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Eva Illán. Estos números no discriminan la cantidad que pertenece a locales de negocios y aquella referida a primeras o segundas viviendas.

   A petición de la edil, se celebró este jueves una reunión con el Decanato para requerirle, en la medida de lo posible, la colaboración del estamento judicial con el fin de difundir y coordinar los recursos municipales existentes que están destinados a evitar las ejecuciones hipotecarias o desahucios por arrendamientos, o en el peor de los casos canalizar las ayudas para el acceso a una vivienda.

   El Juez Decano ha informado que carece de competencias específicas que le permitan entrar en asuntos jurisdiccionales. No obstante, sí mostró disposición a la difusión, entre los 9 Jueces de Primera Instancia que se ocupan de asuntos de desahucios hipotecarios o de arrendamientos, de toda la información que facilite el Ayuntamiento de Gijón en relación a la posibilidad de acudir al servicio de mediación, así como los recursos disponibles a nivel municipal para ayudar a todas las personas que se vean en situación de posible pérdida de su vivienda habitual.

   La información también se dejaría en la oficina del Decanato de la planta baja, de manera que cualquier abogado, procurador o particular pueda recibir la información oportuna al respecto, para -si procede- beneficiarse de la intervención del citado recurso municipal.

   Desde la Concejalía de Servicios Sociales se mantendrán reuniones con los Decanos de Abogados y Procuradores para presentar el servicio y que llegue a arrendatarios y deudores hipotecarios.

   En la reunión mantenida, el Juez Decano manifestó la importancia de articular  una forma de intervención del servicio de mediación antes de que se produzca una demanda, o sea, al comienzo de los impagos de los arrendamientos ya que una vez que ha sido planteada, es el arrendador quien decide continuar con el contrato o resolverlo señalando, asimismo, que no se puede perder de vista que una buena parte de los arrendadores de viviendas son personas que complementan sus pensiones con los ingresos procedentes de los inmuebles que arriendan, que ambas partes tienen problemas para llegar a fin de mes.