Madrid (E.P.).-Tragsa y su filial Tragsatec han dado por finalizada la aplicación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que afectaba inicialmente a 1.336 trabajadores, al haberse registrado una mejora en la actividad a finales de 2015, según ha informado este jueves la empresa pública integrada en SEPI.

   En concreto, el ERE ha afectado a 555 personas, el 5% de la plantilla total, integrada por 10.800 trabajadores, lo cual representa una reducción del 58% sobre los 1.336 despidos autorizados por la sentencia del Tribunal Supremo.

   Dicha sentencia acordó, por unanimidad de los 14 magistrados del pleno del Tribunal Supremo, que el expediente era ajustado a Derecho, al entender que concurrían las causas económicas, organizativas y productivas que la Ley establece y que se negoció de buena fe por la empresa.

   Según ha explicado la compañía, la "drástica" caída de producción e ingresos del Grupo Tragsa en más de un 60% a partir de 2009, cuya consecuencia fue un resultado de explotación negativo acumulado de más de 70 millones de euros en los ejercicios 2013 y 2014, hizo necesaria en febrero 2013 la puesta en marcha de un Plan de Transformación Global que permitiese superar "la difícil situación económica y garantizar la sostenibilidad y el futuro del Grupo".

   Dicho plan incluía el dimensionamiento y adecuación de la plantilla de Tragsa y de sus costes laborales al descenso productivo, para cuya aplicación la empresa siempre estuvo abierta a la negociación y apostó por alcanzar acuerdos tendentes a que el impacto de las medidas de ajuste y de reestructuración de plantilla se atenuase con la puesta en práctica de medidas acordadas de flexibilidad interna.

   Posteriormente, meses antes de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo, la empresa propuso a la representación social un plan de viabilidad alternativo a esperar la sentencia del Tribunal Supremo, el cual constaba de bajas voluntarias, sin despidos forzosos, unidas a medidas de flexibilidad laboral, pero los representantes de los trabajadores de Tragsa lo rechazaron "sin tan siquiera sentarse a negociarlo, comunicando a la empresa que estarían a lo que dispusiese la sentencia del Tribunal Supremo", según ha señalado el grupo.

   Junto a estas medidas de carácter laboral, el Plan de Transformación Global de la Empresa incluía otra serie de actuaciones operativas, económicas y de gestión que se pusieron en marcha.

   Entre estas medidas destacan la reducción y simplificación de la estructura organizativa, pasando de 17 delegaciones autonómicas a 5 delegaciones territoriales; el rediseño del organigrama, lo cual ha supuesto una reducción del número de puestos de dirección y de especial responsabilidad, y de los costes asociados a los mismos, en un 25%, y la reducción, entre los años 2011 y 2015, de un 40% de los incentivos variables vinculados a objetivos de la empresa que percibe el personal de dirección, gestión y mandos intermedios.

   A ellas se suman la reducción en más de un 12% de los gastos fijos en inmuebles y vehículos adecuándolos a las necesidades reales de la empresa; el impulso de la acción comercial y desarrollo de nuevas líneas de negocio y la creación de una nueva cultura corporativa orientada a la eficiencia y a la sostenibilidad, promoviendo la racionalización y contención de los gastos operativos.

   Una vez finalizado el procedimiento de despido colectivo en Tragsa y Tragsatec, conjuntamente con las medidas implantadas en el Plan de Transformación Global, el Grupo ha subrayado que afrontará su futuro en las mejores condiciones para el cumplimiento de su compromiso de garantía profesional y servicio público.