Más de 150 incendios forestales han azotado los bosques del norte de España en plena temporada invernal. Una inusual -por el número de focos y la cantidad de hectáreas calcinadas- ola de fuego que ha destruido una gran superficie de suelo forestal. Sólo en Cantabria, la comunidad más afectada y que ha sufrido una catástrofe ambiental, se han llegado a registrar hasta 83 focos simultáneos y el fuego ha devorado 2.000 hectáreas de alto valor ecológico y paisajístico. Otras comunidades, como Euskadi, Navarra, Galicia, y muy gravemente Asturias también se han visto golpeadas por numerosos incendios con toda probabilidad provocados. Pero ¿cual es el combustible político, económico y social que prepara a nuestros montes para ser calcinados?

No es posible afirmar aún cual de todos los factores -o si todos ellos juntos- es la cerilla que ha prendido la ola de fuego que ha arrasado en esta ocasión el norte de España. Pero es seguro que mientras persistan la precariedad forestal, la pobreza rural, subvenciones que fomentan las quemas y una ley que promueve a los pirómanos urbanísticos, sólo es cuestión de tiempo que el combustible encuentre al comburente.

Con tantos focos en tantos lugares distintos, es posible que haya diferentes causas, y que la actividad delictiva de algunos ganaderos sea la culpable de no pocos incendios. Pero independientemente de cual sea la causa principal de esta trágica ola de incendios en particular, es preciso cuestionar el contexto político, económico y social que hace que año tras año, los incendios forestales vayan en aumento no sólo en el norte, sino por por toda la geografía española. España es el país de la Unión Europea más afectado por los incendios forestales, y la inmensa mayoría (el 96%) son provocados. Los pirómanos no brotan de la nada.

La falta de prevención, la casi inexistente limpieza de los montes -determinada por los recortes sociales- es un problema fundamental. Este factor, junto con el abandono rural y otras dificultades estructurales, ha generado un aumento de incendios forestales altamente peligroso, no solo para la biodiversidad, sino también para la seguridad de la población. Además, la mayor frecuencia e intensidad de las olas de calor y el aumento de las temperaturas contribuye a una mayor frecuencia e intensidad de los siniestros.

Una vez más los recortes, imponen que se destinen escasos recursos a las labores de prevención, forzando a los bomberos a centrar su labor en la extinción. La ruina del mundo rural y de los ganaderos, determinada por los grandes intereses monopolistas, es otro factor que arrima ascuas encendidas a los matorrales. Al igual que a los agricultores, las grandes cadenas de producción y distribución les imponen unas condiciones leoninas. Por ejemplo, imponiendo a los pequeños productores lácteos de Galicia, Asturias o Cantabria unos precios tan bajos de la leche que apenas pueden subsistir. En estas condiciones, hechos delictivos o imprudentes como la quema de rastrojos para obtener mejores pastos son imposibles de erradicar. Colocados entre la ruina y la quema, miles de ganaderos optarán por lo segundo.

También las políticas comunitarias echan más leña al fuego. Europa subvenciona cada hectárea de pasto y el dinero se lo reparten los ganaderos según el número de cabezas que tengan, pero un terreno con matorral, piedras o arbolado no recibe un euro de la PAC.

Por último, pero no menos importante: la nueva Ley de Montes aprobada por el gobierno del PP, según la cual las comunidades autónomas pueden recalificar terrenos quemados tras un incendio forestal sin necesidad de esperar los 30 años a los que antes obligaba la legislación. Una ley aprobada a golpe de rodillo -en contra de la mayoría de las fuerzas políticas, de los principales sindicatos (UGT, CCOO, CSIF) de los agentes forestales, de los Colegios Oficiales de Ingenieros Forestales y de Biólogos, de las cinco grandes ONG ecologistas y hasta de la Asociación Unificada de la Guardia Civil- que significa todo un reclamo para intereses especulativos y urbanísticos y sus pirómanos a sueldo.