?Las instituciones autonómicas catalanas encuentran su legitimidad en la Constitución Española, que es la que ha garantizado el mayor nivel de autogobierno de la historia de Cataluña recogido en su Estatuto de Autonomía. No hay mayoría parlamentaria que pueda amparar o justificar actos ilegales o, menos aún, la pretensión de romper la soberanía nacional expresada en la Constitución. 

El Gobierno de España garantiza que la Ley se respetará y que todas las instituciones cumplirán con su deber, como han venido haciendo hasta ahora, en defensa de la soberanía nacional y de los derechos y libertades de todos los españoles, también de los que viven en Cataluña. En este sentido, quiere recordar que el pasado 2 de diciembre el Tribunal Constitucional ya acordó, por unanimidad, declarar nula por inconstitucional la Resolución I/XI del Parlamento de Cataluña.

El Gobierno quiere hacer un nuevo llamamiento a la responsabilidad de los dirigentes de Cataluña para que pongan fin a la estrategia de división y fractura de la sociedad catalana, y dediquen sus esfuerzos a buscar solución a los problemas de los ciudadanos en vez de generar nuevas tensiones.

Asimismo, quiere trasladar a las distintas fuerzas políticas la necesidad de que el próximo Gobierno de España cuente con una amplia base parlamentaria que garantice la estabilidad y la capacidad para defender con solvencia y eficacia el derecho de todos los españoles a decidir sobre su país, y hacer frente al desafío independentista.