Los incendios en la cornisa norte de España ponen de manifiesto la escasa protección legislativa del patrimonio natural, y la existencia de leyes que pueden favorecer el “terrorismo ambiental” que tiene como consecuencia la pérdida de nuestra biodiversidad y poner en peligro el medio rural y vidas humanas. Desde hace semanas se están produciendo catastróficos incendios en el norte de España, especialmente graves en Asturias y Cantabria. Incendios que no se consideran como “algo común” en estas fechas, pero que sin embargo se están llevando hectáreas de terreno con un alto valor ecológico que se tardará años en recuperar. Los incendios que llevan una semana activos no son fortuitos, son incendios provocados de forma intencionada prácticamente en su totalidad. Como consecuencia de esos incendios, se han quemado muchas hectáreas de monte, algunas son pastizales, otras son monte bajo, otras plantaciones privadas de árboles, pinos o eucaliptos y otras son bosques autóctonos públicos y privados, muchos animales han muerto calcinados y sobre todo, como consecuencia de estos incendios, ha perdido la vida una persona, José Antonio Rodríguez, trabajando para sofocar uno de los incendios en Asturias.
Desde EQUO queremos denunciar que son muchos los factores que están contribuyendo a esta situación, empezando por la intencionalidad de los incendios, en la que podría tener especial relevancia la quema de matorral con el objetivo de abrir pastos para el ganado y que está teniendo consecuencias muy graves. Unos terrenos de pasto que son subvencionados por la Política Agraria Común de la UE en función de las dimensiones; un terreno con matorrales, piedras o arbolado no es objeto de subvención, pero sí lo es que tras un año de la quema ese terreno se haya convertido en pasto para la ganadería extensiva. Ya Los Verdes Europeos han reclamado en el Parlamento que la PAC necesita una reforma en profundidad. A esto hay que sumar el abandono del medio rural y de los montes, que no son una prioridad para las administraciones públicas, y las consecuencias del cambio climático con temperaturas más altas de lo normal y escasez de lluvias que sin duda han contribuido a extender y mantener el incendio. Las consecuencias para la economía de la región también son devastadoras, el perjuicio causado al turismo con estos incendios, tiene una incidencia mayor en el PIB, que el de muchas hectáreas de pastizales.
Para EQUO ni los gobiernos regionales, ni el español, ni las instituciones europeas están buscando solución a los problemas económicos de la ganadería extensiva o al despoblamiento rural. Al contrario las modificaciones en materia de legislación medioambiental como la ley de Montes, deja desprotegido a nuestro patrimonio natural, no sólo permitiendo urbanizar terrenos quemados (Aunque este no sea la causa última en estos incendios), sino también restringiendo las funciones y el trabajo de los agentes forestales y medioambientales, un colectivo imprescindible para la lucha contra estas lacras. Desde EQUO pedimos un mayor esfuerzo en educación y prevención. Pero también pedimos que la ley actúe contundentemente contra quien quema nuestro patrimonio y nuestro futuro.
