En su sentencia, el tribunal estima que la conclusión a la que llegó el Ejecutivo comunitario, de que las medidas podían "falsear la competencia y afectaban a los intercambios comerciales" entre Estados miembros, "no está suficientemente motivada".

   El caso se remonta a 2013, cuando Bruselas pidió a las autoridades españolas recuperar las ayudas ilegales concedidas a los astilleros bajo este sistema entre 2007 y 2011, tras concluir que el régimen de ayudas vulnera las normas de la UE en materia de ayudas públicas porque concedió una ventaja selectiva a sus beneficiarios con respecto a sus competidores.

   El Ejecutivo comunitario estableció entonces que las subvenciones deberían devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros.

   Este sistema se puso en marcha en 2002, aunque Bruselas ha propuesto que se recuperen los apoyos concedidos desde abril de 2007, frente a la posición del Gobierno, que aboga por contar desde 2011, fecha en la que se consideró ilegal el régimen de bonificaciones.

   El Gobierno español y las sociedades Lico Leasing y Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión recurrieron la decisión de Bruselas ante la justicia europea y solicitaron su anulación. La sentencia de este jueves resuelve los primeros dos recursos de los más de 60 presentados por las sociedades afectadas y que aún están pendientes de resolución, incluidos los presentados por entidades como Bankia o el grupo Inditex.